La palabra reforma, cuya definición es cambio de algo para su mejoría o innovación, es utilizada cada vez que se van a suscitar modificaciones en el régimen impositivo del país.
El crecimiento del país, y sobre todo del gasto gubernamental, en algunas ocasiones muy justificados como obras públicas y programas sociales, y en otras indefendibles como la corrupción o el despilfarro, hace que constantemente se requieran más impuestos, práctica esta que se ha sobrepuesto a la eficiencia recaudadora de los existentes.
No importa el gobierno que surja de las próximas elecciones, ni el partido político que resulte ganador, todos los indicadores señalan que en los primeros meses de gobierno se tendrá que enfrentar una nueva reforma fiscal, si es que se quiere gobernar con finanzas más o menos equilibradas, o por lo menos manejables.
Tanto es así que ya el sector privado ha auspiciado hasta una fundación para adecuar los posibles cambios lo mejor posible a las demandas del sector que le auspicia. Por igual los equipos técnicos de los principales partidos políticos también elaboran sus alternativas.
Temas como el impuesto a las sociedades, sin desestimular la creación de empleos y el crecimiento; impuestos a personas para incluir profesiones liberales, el sector informal, individual y subcontratados; ITBIS para que no sea excluyente ni selectivo, sino universal, pero diferenciado por prioridades; propiedad inmobiliaria que grave la propiedad urbana beneficiada con el desarrollo sin desestimular la adquisición, construcción y alquiler de viviendas; el costo de la seguridad social que exige seguro de desempleo en contrapartida a la reducción de liquidaciones, son solo algunos de los temas pendientes de estudio.
Es indetenible una nueva reforma fiscal. Hagamos de ello tema nacional para acordar bases mínimas que deberán consensuarse, gane quien gane. Es así como entre todos podemos hacer patria.
