La Constitución de 2010 fue sabia al repartir los panes y los peces.
Diseñó una arquitectura para la Suprema Corte de Justicia en la que permitía que se preservara su integridad sin quitarle la ración del boa.
El sentir de la Asamblea Constituyente, del liderazgo político del momento, de la sociedad en su conjunto, en esa materia, era impedir una regresión a los tiempos en que los políticos eran amos y señores en el sistema judicial.
Pero como la decisión la tomaban políticos, se quedaron con la mano dentro, pero de tal forma que prevaleciera la carrera judicial.
Eso explica que la Constitución indica que al menos las dos terceras partes de los jueces de la Suprema Corte de Justicia deben venir de la carrera judicial.
Ahora se avecina una evaluación para los jueces de la Suprema Corte de Justicia en la que debe primar la parte técnica, la independencia y la probidad.
En los casos de las nuevas designaciones en la Suprema Corte de Justicia, aun los jueces que no sean de carrera tienen que darle a la sociedad la garantía de independencia, capacidad técnico-judicial y probidad incuestionable.
