La importancia del juicio que se sigue a los implicados en el llamado caso Figueroa Agosto no estriba, como podría suponerse, en la magnitud de la droga traficada ni de los valores en dinero que se manejaron.

El caso es trascendente porque, dependiendo de cómo lo manejen el Poder Judicial y el Ministerio Público, se salvarán o se hundirán la institucionalidad y el estado de Derecho en este país.

Entre los testimonios y versiones vertidas a lo largo del mencionado juicio, algunos dan cuenta de la participación de militares de alto rango y de funcionarios oficiales en las operaciones de narcotráfico y lavado de activos que se ventilan. Pero no se ofrecen nombres ni identidades. Y ahí la gente comienza a desconfiar.

En el juicio de marras hay, pues, una o varias nebulosas por ser despejadas. Bien harían los jueces y fiscales a cargo del mismo en actuar con estricto apego a las normas que les imponen sus delicadas funciones y en no aceptar presiones de ningún tipo para variar los dictados de su conciencia.

La oportunidad que nos brinda el caso Figueroa Agosto es única para fortalecer la confianza que debe tener la sociedad en el Poder Judicial  como garantía del imperio de la Ley y del sano funcionamiento institucional.

Oportunidad que, si la dejamos escapar, solamente dejará el ambiente propicio para el engendro del crimen y la corrupción.