El ahora recurrente debate sobre la prórroga del estado de emergencia ha vuelto a dominar la opinión pública.

No entraré en detalles sobre los argumentos jurídicos que dicen que es innecesario; ya me referí a su peligrosidad en mi artículo de la pasada semana. Tampoco me referiré a los argumentos economicistas que asumen que la lógica cortoplacista del mercado se impone frente nuestro derecho a la salud.

Lo que sí quiero rescatar del bullicio característico de las semanas preelectorales es un hecho tan sencillo como indiscutible: la decisión sobre cómo y cuándo abrir corresponde a los especialistas en el área.

No son los abogados, economistas ni políticos, sino los epidemiólogos quienes, desde su disciplina y afines, entienden las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de los aciertos y errores que se cometan en la desescalada.

Todas las consideraciones que tengamos los demás están lastradas por una visión que no corresponde a la lógica del reto que tenemos por delante. Los abogados podemos ayudar a encontrar la vía institucional para hacer las cosas, pero no podemos decretar jurídicamente el fin de la pandemia.

Los economistas no pueden enfrentar el virus argumentando que el mercado todo lo resuelve, porque la pandemia no respeta contratos ni acuerdos, y lo que se lleva no tiene precio.

Los políticos tienen la decisión final, pero están tan limitados como el resto para entender el comportamiento de la pandemia y lo que se puede esperar de ella.
Lo que está en juego es demasiado importante como para permitirnos el lujo de que cometamos errores que han resultado muy costosos en otros países.

Evitemos nuestra muy común tentación de creer que todo se reduce a nuestras opiniones.

Para enfrentar la pandemia no es suficiente “el sentido común”, es necesario respetar el conocimiento especializado de quienes sí han estudiado estos problemas y sí están en condiciones de diseñar herramientas efectivas para enfrentarlos. Escuchemos a los que sí saben.