Algunas figuras influyentes en el ámbito político y social se han empeñado en hacer creer que el auge de la delincuencia se debe a la implementación en el país de un Código Procesal Penal que tiende a garantizar los derechos de los ciudadanos envueltos en un proceso judicial. Un error.
El Código Procesal Penal está diseñado para que se respeten los derechos hasta de los imputados, que constitucionalmente son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero también ofrece los instrumentos para proteger a la sociedad en caso de que alguno de ellos represente un peligro.
Se ignora el origen de la violencia y la delincuencia cuando se le atribuyen las culpas de su auge al Código Procesal Penal. También se libra de responsabilidad a los administradores de Justicia.
¿Es acaso culpable el Código Procesal Penal de que un juez decida imponerle garantía económica a un acusado de sicariato en vez de prisión preventiva? ¿Qué culpa tiene de que un juez decida variarle la medida de coerción para poner en libertad a narcotraficantes y asesinos, mientras mantiene en prisión a rateros de baja ralea?
Pero tampoco es responsabilidad del Código que la Policía Nacional y el Ministerio Público carezcan de recursos para hacer su trabajo.
Más que en el instrumento jurídico, las miradas deben estar dirigidas a los administradores de justicia, a los que deben diseñar y ejecutar políticas de seguridad ciudadana o en los factores sociales que lanzan a la delincuencia a tantas personas.
Cualquier Código mal aplicado tendrá resultados deficientes.
Hay que tener mucho cuidado con el populismo judicial.
