PARÍS.- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) condenó este lunes en un comunicado la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, manifestando sus dudas sobre la legitimidad de la decisión del Congreso del país sudamericano. La FIDH estima que "se violó el derecho al debido proceso en esta decisión y en particular el derecho a la defensa, ya que el Presidente Lugo tuvo solamente dos horas, tan sólo un día tras el anuncio de la decisión del Senado, para presentar su defensa". Fernando Lugo fue destituido el viernes por el Senado paraguayo, que lo halló culpable por una mayoría de 39 votos sobre 43 de la acusación de "mal desempeño de sus funciones", culminando un juicio político sumarísimo iniciado el jueves. Lugo fue reemplazado por su vicepresidente Federico Franco, que de momento no ha logrado el respaldo de los países vecinos y de la región. "Condenamos la remoción del presidente Fernando Lugo en la medida en que se llevó a cabo de forma apresurada, lo cual hace surgir serias dudas en cuanto a la imparcialidad e independencia de esta decisión", declaró Souhayr Belhassen, presidenta de la FIDH, citada en el texto, fechado en París. Belhassen recordó que, tres años después del golpe de Estado en Honduras, "estos hechos son de suma gravedad y representan una seria amenaza para la democracia no sólo en Paraguay, sino en todo el continente". El texto se refiere también al desalojo violento de una finca privada en Curuguaty, departamento de Canindayú, en el que murieron 11 campesinos y seis policías, invocado en el juicio político contra Lugo para acusarlo de "mal desempeño de sus funciones". La Federación consideró que esos hechos no deben "de ninguna manera ser instrumentalizados a fines políticos", y respaldó "el rechazo internacional" a la destitución de Lugo. Además instó a las autoridades del país "a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto del orden democrático y del Estado de derecho". La FIDH instó también a la Unión Europea a oponerse a la decisión del Congreso paraguayo y a la OEA a "promover la normalización de la institucionalidad democrática".
