SANTO DOMINGO.- La Federación de Asociaciones Industriales (FAI) advirtió este domingo que la corrupción socava la institucionalidad, los fondos públicos y crea un rentismo político que avergüenza.
La federación empresarial instó al gobierno a no perder el foco en estudios teóricos y a asumir las 30 recomendaciones de la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción (IPAC), solicitadas por el mismo presidente Leonel Fernández.
El presidente de la FAI, Ignacio Méndez, expresó que llama la atención el dato de que tan sólo un ahorro del uno por ciento en los procesos de contrataciones públicas la mayoría de los cuales se hacen sin cumplir la ley- se traduciría en RD$3 mil 400 millones, lo que da una idea del tamaño de la corrupción en el país.
Méndez descartó que la corrupción sea un fenómeno aislado en el Estado y señaló que, por el contrario, cobra fuerza en todas las instancias de la sociedad, un hecho comprobado en distintos estudios internacionales de percepción sobre el tema en años recientes.
Recordó que en 2006 el país fue calificado con una nota de 2.8 en una escala del 1 al 10, donde 1 es corrupción extrema y 10 ausencia de corrupción, según un estudio de Transparencia Internacional.
Citó además, los hallazgos del Banco Mundial, según los cuales de 163 países medidos, República Dominicana ocupa el número 99 en percepción del grado de corrupción, mientras en 2005 se determinó que sólo el 32.5% de los países del mundo obtuvieron peor calificación el de los dominicanos.
Asimismo, definió de extrema preocupación el grado de permisividad que existe en el país frente a los corruptos, a veces aceptados con aplausos en los círculos sociales, pese a que se trata de individuos que afectan el funcionamiento del estado, su capacidad de proveer servicios públicos, distorsionan el mercado y desincentivan las inversiones productivas.
Agregó que la mayor parte de las recomendaciones del IPAC, integrada por organismos internacionales, instituciones públicas y organismos de la sociedad civil, sugieren un alto grado de incumplimiento de la ley, un problema de imagen para el país que crea una percepción de débil institucionalidad.
