La extradición de narcotraficantes dominicanos hacia Estados Unidos ha sido una herramienta importante en la lucha contra el crimen organizado. Permite sacar a los grandes capos de su entorno natural, desarticular sus estructuras de protección y someterlos a una jurisdicción con mayores capacidades para perseguir las redes internacionales del narcotráfico.
Sin embargo, comienza a generar preocupación la aparente facilidad con que algunos de estos cacos logran reducir considerablemente sus condenas mediante acuerdos de cooperación con las autoridades estadounidenses.
El problema no es que colaboren con la justicia. Esa práctica constituye un instrumento legítimo de investigación criminal. Lo cuestionable es que la información suministrada, muchas veces relacionada con operaciones desarrolladas en territorio dominicano, no necesariamente llegue a las autoridades de nuestro país.
La extradición no puede convertirse en una especie de premio para los grandes narcotraficantes, que encuentran en la cooperación judicial una vía para obtener beneficios desproporcionados frente a la gravedad de sus delitos.
Esto no significa reclamar condenas excesivas ni desconocer la soberanía de la justicia estadounidense. Significa procurar que las penas sean proporcionales y que los acuerdos de colaboración produzcan beneficios concretos para ambos países.
La extradición debe seguir siendo una herramienta contra el narcotráfico, nunca una puerta de salida privilegiada para quienes han hecho del crimen una empresa millonaria.
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