El crimen se ha globalizado tanto o más que la economía. En consecuencia su persecución y castigo deben trascender las fronteras nacionales, especialmente cuando se trata de delitos que tienen una estructural internacional.
El narcotráfico es el crimen más característico de esta realidad y por tanto su combate requiere mayor esfuerzo internacionalista.
Gran parte de la violencia que viven nuestras naciones tiene su origen, de una u otra forma, en el narcotráfico, y sus víctimas pueden ser desde las más beatas de las señoras, que pueden morir asesinadas por asaltantes que quieran robarles para comprar la droga a la que son adictos, hasta el joven que muere en una esquina en pleitos entre bandas por un punto de venta de esas sustancias.
Por tal motivo deben ser bienvenidos los mecanismos multinacionales para combatir este y cualquier tipo de delito que trascienda las fronteras.
La figura de la extradición contribuye enormemente a combatir el crimen, porque elimina las fronteras en su persecución e impide que un Estado se convierta en una guarida de delincuentes.
En el caso particular de República Dominicana, desde hace años el país ha enviado una clara señal de que su territorio no puede ser usado para eludir la responsabilidad jurídica por crímenes cometidos en otras naciones. Tampoco para usarlo como refugio para no exponerse a penas mayores.
En crímenes como el narcotráfico se da el caso de que el mal mayor se comete en una nación diferente a donde físicamente se encuentra el delincuente.
Saludamos esa actitud de las autoridades dominicanas y hasta nos atrevemos a exhortar a otros países a establecer mecanismos tan expeditos como los nuestros para permitir que sus nacionales sean juzgados en otros territorios por los crímenes que se les imputen.
Contra la internacionalización del delito no pueden escatimarse las armas jurídicas para su combate.
