Tras el resultado de los procesos electorales realizados en este año, el presidente Luis Abinader está decidido a continuar impulsando el cambio mediante un conjunto de reformas que permitan que avancemos en el camino de dar solución estable y en el largo plazo, a temas fundamentales para el desarrollo de nuestro país.
En cuanto a la municipalidad, el presidente Abinader ya anunció que estos próximos 4 años se abre la oportunidad de generar una era de las reformas municipales, esto es, una era en la que el Gobierno del Cambio profundice el conjunto de iniciativas dirigidas a fortalecer la Administración Local como eje fundamental de la producción de bienestar y calidad de vida en cada uno de los territorios y, con ello, consolidemos el proceso de descentralización del Estado garantizando en mayor medida que los gobiernos locales cuenten con más capacidades y recursos propios para constituirse en un verdadero poder municipal.
Esta es la visión prevista en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo en la que se prevé 3 ejes de reformas para el sector municipal: 1) El fortalecimiento de las capacidades de gestión municipal, con énfasis en la planificación, la participación ciudadana y la transparencia; 2) La consolidación de la dimensión territorial como base de la acción del Estado para producir políticas públicas para el bienestar de la gente desde la articulación de los dos niveles de gobierno, y 3) Un rediseño del sistema municipal bajo un nuevo marco administrativo y financiero en correspondencia con los principios de subsidiariedad, cohesión social y territorial.
Víctor D’Aza
Sin duda alguna, en los últimos 4 años de Gobierno del Cambio, hemos logrado avances en la dirección que establecen estas reformas, tales como la promulgación de leyes importantes como la Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Coprocesamiento, la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo así como la Ley 345-22 de Regiones Únicas de Planificación.
Asimismo, hemos reenfocado el accionar institucional de la Liga Municipal Dominicana para afianzar su labor de asistencia de apoyo al fortalecimiento de capacidades municipales así como de mejora de los servicios públicos que prestan los gobiernos locales bajo una estrategia de incentivos a la buena gestión, fomento de la transparencia y de seguimiento a la satisfacción de la ciudadanía con dichos servicios a lo largo de todo el territorio nacional.
De esta manera, y gracias al compromiso del presidente Abinader con las demandas y necesidades sentidas de los territorios, pusimos en marcha un amplio Programa de Apoyo a los Gobiernos Locales que ha significado mayores recursos para proyectos de infraestructuras básicas tales como aceras, contenes, mercados, mataderos, cementerios y funerarias; al mismo tiempo que su ejecución ha implicado el aumento del número de gobiernos locales gestionando sus compras a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública.
Junto a ello, si se observa el Presupuesto General del Estado en los últimos años, se destaca que se han dispuesto incrementos económicos sostenidos de las transferencias municipales para hacer realidad proyectos de inversión al nivel de los territorios; se han realizado asignaciones específicas para los territorios más vulnerables desde el Fondo de Cohesión Territorial, y se ha mejorado el posicionamiento de las demandas ciudadanas en el presupuesto público mediante el Registro Único de Demandas Ciudadanas Territoriales (RUDCT).
Ahora bien, la municipalidad enfrenta todavía importantes desafíos cuya solución pasa necesariamente por impulsar nuevas reformas institucionales que rediseñen el sistema municipal para contar con gobiernos locales con más capacidad de desempeño para motorizar el desarrollo en sus territorios.
En mi opinión, ello implicará las siguientes acciones: 1) Aprobación de la Ley orgánica de la Administración Local bajo un enfoque de equilibrio de las responsabilidades con las capacidades institucionales, una mayor transparencia y control del gasto; 2) Avanzar en el principio de suficiencia financiera mediante la identificación de fuentes de financiación que impliquen una mayor generación de ingresos al Estado mediante la coparticipación tributaria y la aplicación de instrumentos innovadores de financiación de los servicios municipales; junto con un acuerdo nacional para sincerar el porcentaje de transferencias directas del Estado y que éste sea cumplido; 3) Ejecución de la Ley de ordenamiento territorial para que los gobiernos locales cuenten con instrumentos eficaces para la gestión sostenible de uso del suelo ; 4) Desarrollar planes específicos de mejora de los servicios municipales de su competencia tales como ornato, los mercados, mataderos, cementerios, funerarias, policía municipal y cuerpos de bomberos: 5) Asumir con eficiencia los roles municipales en las competencias coordinadas con el Gobierno Central y que inciden directamente en la calidad de vida y la generación de oportunidades.
*Por Víctor D’Aza
