El debate alrededor de la sentencia 168/13 llegó a su nivel más alto en el plano internacional con la coincidencia de varios eventos que, al parecer, colocan al Gobierno dominicano en una encrucijada en relación a sus compromisos políticos locales y sus obligaciones internacionales.
En La Habana, en el caucus de presidentes y jefes de gobierno reunidos a propósito de la conferencia de la Celac, la delegación dominicana sufrió momentos muy difíciles. El presidente Danilo Medina se dio cuenta del fracaso de los esfuerzos diplomáticos dominicanos en su propia región para defender la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
En Jimaní, la segunda reunión del dialogo binacional, con participación de observadores internacionales, estuvo a punto de caerse si no fuera por la oportuna intervención venezolana.
Por un lado, por el malestar provocado por el discurso de Medina en la Celac con ataques directos a Ralph Gonzalves, presidente de la Caricom.
Dicha entidad no envió representantes al encuentro de Jimani. Por otro lado, conociendo la hipersensibilidad recíproca en las dos sociedades, algunos altos funcionarios dominicanos ultranacionalistas se han dedicado, desde adentro, a torpedear el reacercamiento bilateral con declaraciones inapropiadas en contra de las autoridades vecinas y frente a la comunidad haitiana.
Desde Nueva York, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, se tomó la molestia de enviar una carta de felicitación a los gobiernos dominicano y haitiano por reanudar el dialogo.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) apoya ese proceso de pláticas. Obviamente, su interés se centra en el tema de repercusión internacional que es la desnacionalización provocada por la sentencia.
En Ginebra, en el Examen Periódico Universal de derechos humanos (EPU) de la ONU, la prueba no podría ser más clara y convincente. Días después de la negación por el presidente Medina en Cuba de la existencia de violaciones en esa materia, la comunidad internacional, a través de observaciones y recomendaciones de 28 delegaciones, rechazó la retroactividad y la apatridia como componentes de la sentencia.
Un país como España, considerado como la madre-patria por algunos, no tan solo manifestó, después de escuchar la exposición oficial dominicana, que mantiene sus dudas, sino que también recomendó al gobierno acoger las observaciones y conclusiones de la visita in loco de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de diciembre del año pasado.
No menos relevante es la participación en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), en Washington, del embajador dominicano en Estados Unidos, Aníbal de Castro. En ese foro, el diplomático evidenció las profundas contradicciones de la gestión migratoria en República Dominicana con estas palabras: “la mejor forma de ser buen dominicano en los Estados Unidos es hacerse norteamericano”.
Por una parte, el gobierno promueve la integración social y política de sus emigrantes en los países de acogida. Por otra, rechaza lo mismo para los inmigrantes haitianos y sus descendientes dominicanos.
En la OEA, en el marco de su recién visita oficial a los Estados Unidos, el presidente Michel Martelly fue contundente. Reiteró su apoyo al dialogo, pero recordó el impacto del fallo del TC y pidió a la organización mantener la vigilancia para evitar la apatridia.
Hay dos caminos: el de la confrontación con la comunidad internacional promovida por los ultranacionalistas sobre la base de la soberanía. El de la sensatez y solidaridad con las personas afectadas que permitirá al gobierno dominicano presentar una alternativa de ley especial que responda a los estándares internacionales sobre nacionalidad.
