Por: Airon Fernández Gil
El riesgo moral
En el estudio de la microeconomía se analiza el problema del riesgo moral. Este consiste, aplicado al caso típico de la compañía de seguros, en que la parte asegurada, cuyo comportamiento no puede ser controlado totalmente, puede influir en aumentar la probabilidad de sufrir, por ejemplo, un accidente o una lesión, lo que aumenta el pago, por encima de lo previsto, que tiene que hacerle la aseguradora. Cuando la compañía aseguradora no puede controlar el comportamiento de los asegurados, se ve en la obligación de aumentar la prima de los seguros o sencillamente no venderlos.
La microeconomía también aplica el problema del riesgo moral a las relaciones entre trabajadores y empleadores, cuando los primeros, al no poder ser vigilado su comportamiento por los segundos, pueden rendir menos trabajo de lo esperado. Por lo tanto, los empleadores crean mecanismos, como registrar la hora de entrada y salida, la colocación de cámaras de vigilancia, etc., para eliminar el riesgo moral.
El estudio de este problema también se aplica a la relación entre funcionarios públicos (mandatarios) y ciudadanos (mandantes). Cuando los ciudadanos-mandantes, que eligen, emplean y pagan los salarios de los funcionarios públicos-mandatarios, no pueden controlar o vigilar la conducta de éstos, son víctimas del problema del riesgo moral. Los funcionarios públicos, al ver asegurada su existencia con privilegios y salarios más que dignos, pueden holgazanear y tornarse ineficientes y desinteresados en mejorar la calidad de los servicios públicos que diseñan, administran y por los cuales les pagamos un sueldo con nuestros impuestos y con deuda pública.
Además, una parte importante de los funcionarios públicos pueden incurrir en actos de corrupción, que desvían fondos públicos que deberían invertirse en garantizar derechos fundamentales, como educación y salud de calidad, y crean las condiciones para garantizarse impunidad. Y esta es la realidad que vive República Dominicana hoy en día.
Ante esta situación, los dominicanos y dominicanas, además de protestar…, deberían exigir la creación de mecanismos e incentivos para eliminar o reducir el riesgo moral de los funcionarios públicos.
El problema del principal y el agente
Asimismo, la microeconomía también analiza el problema del principal y el agente. El agente, es la persona o conjunto de personas empleadas por el principal para que trabajen en función de los objetivos de este último. El principal, es la persona o grupos de personas que emplean a uno o más agentes con la finalidad de alcanzar sus objetivos.
Tomando como ejemplo la administración pública, los agentes son los funcionarios públicos y el principal, los ciudadanos dominicanos. En este caso, incluso estamos hablando de un ‘principal difuso’, o sea, de millones de dominicanos y dominicanas. El problema del principal y el agente consiste, ante la insuficiencia de información (transparencia) y control efectivo (que suelen ser muy costosos) sobre su conducta, que los objetivos e intereses de los funcionarios públicos no se correspondan con las necesidades e intereses de la ciudadanía que los emplea, generándole a ésta cuantiosas pérdidas y deuda social.
Dicho esto, este es parte el drama que vive la República Dominicana en la actualidad: crisis agudas en los sistemas públicos de educación y salud, principalmente causadas por la baja y/o ineficiente inversión en los mismos, la corrupción administrativa, y su creciente mercantilización, pese a que son derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, principales factores de generación de pobreza y desigualdad.
Principales responsables de este estado de calamidad pública: el Estado dominicano, los responsables políticos y funcionarios públicos, ya que en general sus intereses y necesidades no están alineados con los intereses y necesidades de la gran mayoría de dominicanos y dominicanas, ya que no viven la triste y penosa realidad que viven éstos, sino en su mundo paralelo creado por ellos mismos y exclusivamente para ellos, lleno de lujos y privilegios injustificados.
Solución
Es cierto que las soluciones a esta problemática son varias, como más inversión social, mayor fiscalización, aumento general de los muy bajos salarios de la gran mayoría, entre otros. Pero esto no basta y es necesario que los objetivos de los funcionarios públicos estén alineados con los objetivos de la ciudadanía.
La teoría económica y la evidencia empírica plantean que ante el problema del riesgo moral, es decir, los costos que implica estar totalmente informado, controlar y fiscalizar a los agentes (funcionarios públicos), de manera que éstos respondan a las necesidades e intereses del principal (ciudadanos), se deben crear incentivos para que los objetivos de los primeros coincidan con los objetivos de los segundos.
Un incentivo razonable, justo y necesario sería que los funcionarios públicos, como administradores y responsables de la cosa pública, se vean limitados a usar los servicios públicos de educación y salud. De esta forma, según el principio económico de la racionalidad, estarán realmente preocupados y comprometidos con hacer los esfuerzos necesarios para elevar la calidad de la Educación y la Salud del sistema público, al menos en el mediano y largo plazo.
Es precisamente esto lo que busca el proyecto de ley que obliga a los funcionarios públicos y a su familia a educarse en escuelas públicas y atenderse en hospitales públicos, y que está recibiendo un creciente apoyo de la ciudadanía dominicana, indignada con un Estado y una clase política fracasada.
Que el éxito en su gestión, sea el éxito para todos y todas; o, igualmente, que el fracaso en su gestión, sea el fracaso para todos y todas, y no sólo para la gran mayoría, como sucede hoy en día.
Finalmente, el conjunto de ciudadanos que impulsa este proyecto de ley ciudadano, les invita a apoyar, firmar y compartir la petición que se ha hecho en change.org que, en poco más de una semana, ya suma más de 5,700 firmas. Firma y comparte aquí: https://www.change.org/p/c%C3%A1mara-de-diputados-de-la-rep%C3%BAblica-dominicana-ley-que-obligue-al-funcionario-p%C3%BAblico-usar-los-servicios-de-educaci%C3%B3n-y-salud-p%C3%BAblicos
Nota:
* Para más información ver Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld. Microeconomía. Quinta Edición. Pearson Educación, S. A., Madrid, 2001, págs. 631-639.
leídas
