Es un axioma irrefutable la realidad que vive la región de América Latina de que existe el común denominador de la presencia, cada vez, de una manera progresiva, lo que se puede calificar como una desconexión entre la ciudadanía y las instituciones públicas.

En la práctica, esto se puede interpretar como una exposición al riesgo de lo que, en años recientes se exhibía como un gran avance, es decir, los logros socioeconómicos alcanzados, desde inicio del siglo XXI, significando esto que se está ante la presencia de un deterioro de los indicadores económicos y sociales.

La mejor forma de identificar lo que está ocurriendo en América Latina es observando que las exigencias de los ciudadanos por mayor transparencia e integridad, por una mejor calidad de servicios públicos clave como la educación y la salud, y por una mayor apertura y transparencia del Gobierno no se están atendiendo, de forma efectiva. Y como consecuencia de la insatisfacción, la confianza en las instituciones públicas se está deteriorando, de una forma exponencial, lo que está debilitando, de manera acelerada, la relación Gobierno-Sociedad e impulsando tensiones sociales en múltiples países.

El progreso socioeconómico, y la mejor calidad de vida, que se logró en América Latina, en las dos últimas décadas han llevado a un aumento de las expectativas y las exigencias por la sociedad. Por igual, a pesar de los avances, las instituciones aún continúan mostrando dificultades, para dar respuesta a algunos retos que perduran, como la vulnerabilidad, que todavía exhiben grandes segmentos de la población que están en la pobreza o se enfrentan al riesgo de volver a caer en ella.

Bajo esa interpretación, emergen nuevos desafíos en un contexto global que cambia rápidamente, que están generando nuevas incertidumbres en la ciudadanía acerca de la capacidad de las instituciones públicas para responder a ellos y garantizar mayores niveles de progreso. La confianza de los ciudadanos latinoamericanos en las instituciones públicas se ha deteriorado con la presencia de la pandemia global, en los últimos dos años y en el cual lo más notable es la ausencia de planificación, lo que ha dado paso a la improvisación en la gestión pública.

La falta de confianza se ha profundizado desde la crisis sanitaria global, de modo que la proporción de la población latinoamericana que tiene poca o ninguna confianza en los gobiernos alcanzó niveles acumulados cercanos a un 85% en lo que va del 2022. Esto representa una caída estrepitosa de la confianza, lo que explica en una alta proporción el repudio a los grupos gobernantes al exponerse al escrutinio ante los electores.

Hay que poner de relieve que la globalización y el cambio tecnológico están generando nuevos retos que aumentan la incertidumbre entre la población, al tiempo que ofrecen nuevas oportunidades.

Pero resulta que, después de tres décadas de apertura creciente, el comercio mundial y los flujos de inversión se han desacelerado de una manera impresionante, lo que se torna con mayor incertidumbre en la medida que persiste y aumenta la inestabilidad de precios y que la política monetaria no da señales de frenar.

El panorama planteado podría tener mayores consecuencias en la región de América Latina en lo relativo al comercio, las finanzas y la restricción de flujos migratorios, lo que contribuiría al sentimiento de incertidumbre. Se trata de una situación que luce muy sombrío, fruto de que prevalece una desigualdad que se profundiza, al reconocer que hay cerca de 35 millones de personas que buscan trabajo y no lo consiguen, con un marcado deterioro en la actividad económica.

La situación del crecimiento económico es crítica para Latinoamérica ya que para reducir la pobreza y cancelar la deuda social acumulada, con tanta desigualdad, es preciso superar el crecimiento promedio del PIB, a niveles doble y sostenida con criterio inclusivo.

Las tensiones económicas y políticas actuales solo conducen a un futuro incierto, que tiende agravarse, en la medida que los indicadores macroeconómicos en la región se deterioran, fruto de la crisis global y una inflación que cada vez contraataca de manera agresiva, siendo el 9,1% de EE.UU lo de mayor expresión cuantitativa.