El decreto presidencial 403-2026, que establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública, como estrategia de Transformación Digital, marca un hito en la ocupación del Estado por modernizar sus servicios y acercarlos cada vez más a la población.
Es una oportuna disposición que tiene entre sus objetivos reducir el exceso de burocracia que hasta ahora ha caracterizado el acceso a los servicios que ofrece el Estado y que, sin lugar a dudas, crea un sistema más ágil, eficaz y eficiente, centrado en los usuarios o los ciudadanos, como punto focal.
Se pretende propiciar un intercambio seguro, con la regulación del flujo de datos, documentos electrónicos y hasta eventos entre instituciones del Estado, con una normativa cuya aplicación, de acuerdo a las disposiciones, es responsabilidad del Ministerio de Administración Pública (MAP), como ente rector; y de la Oficina Gubernamental de las Tecnologías y Comunicaciones (OGTIC), encargada de la parte técnica y de operar la Plataforma Única de Interoperabilidad.
Naturalmente, es infantil pensar que el país ya está en óptimas condiciones de impulsar un proyecto de tal envergadura que no encontraría objeción ni siquiera entre eternos y variados opinantes ni mucho menos entre la vetusta oposición política nacional.
El avance tecnológico convive con una realidad social y económica incómoda en un país, en el que la brecha digital aún deja a millones de personas fuera de los beneficios de la presente revolución y, sin temor a equivocación, de las que están por venir.
El decreto 403-26 deroga y modifica de forma específica varias normativas previas para unificar los criterios de digitalización del Estado, que estaban contenidas en el decreto 92-22, del 8 de febrero de 2022; y que regulaba y establecía el Marco Nacional de Interoperabilidad Gubernamental.
También quedan derogados, en su totalidad, el decreto 316-24 y, parcialmente, el número 707-22, que creaba el no muy exitoso Programa de Gobierno Eficiente/Burocracia Cero
Estas derogaciones eliminan la duplicidad de funciones normativas antiguas y centralizan toda la estrategia en la nueva estructura liderada por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la ejecución técnica de la OGTIC, lo cual, también es una excelente decisión.
Se debe considerar que la digitalización no es solo un asunto de eficiencia administrativa; sino que también se constituye en un potente motor económico, para impulsar el desarrollo, como lo evidencian los datos que revelan que los trámites en línea han generado ahorros superiores a los RD$2,000 millones en 2025, tanto para el Estado como para los ciudadanos.
Igualmente, las plataformas digitales han permitido a las pequeñas y medianas empresas acceder a mercados internacionales, reducir tiempos de gestión y mejorar la competitividad y ni hablar del uso de aplicaciones bancarias y billeteras electrónicas, que han ampliado el acceso a servicios financieros, especialmente en sectores tradicionalmente excluidos.
De hecho, las empresas de tecnología de pago Visa Mastercard y CardNET han informado que el 83% de las operaciones bancarias en República Dominicana ya es digital y que el 90% de las transacciones con tarjetas es mediante tecnología sin contacto. Son datos sorprendentes, pero que no pueden generar dudas, si se observa el comportamiento que ahora exhiben los usuarios de las entidades bancarias, respecto a la presencialidad.
No obstante, el país enfrenta un desafío estructural, porque, también, según datos recientes, “más de 3 millones de dominicanos carecen de acceso significativo a internet”, lo que revela una evidente desigualdad territorial, si se parte de que en el Distrito Nacional la conectividad supera el 70%, mientras provincias como Independencia apenas alcanzan el 1.6%.
Es que la brecha digital en RD no es solo tecnológica; es también social, poque limita el acceso a la educación, salud, empleo y participación ciudadana, lo que convierte en perpetuas las llamadas y muy desagradables largas deudas sociales acumuladas.
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