Hace varios años desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se venía advirtiendo que en Nicaragua se había instaurado una dictadura que reprimía los derechos ciudadanos y las libertades públicas.
El dictador Daniel Ortega ha implantado un régimen autoritario, utilizando la fuerza pública para aplastar los derechos, arrestar a sus adversarios y aplastar la disidencia.
Cada día se hace más represivo el régimen de Ortega, que en cuestión de presos políticos, violencia, coerción de derechos y corrupción, ha superado con creces a la dictadura de Anastasio Somoza, que alguna vez fue la némesis de los sandinistas.
Ortega y su esposa se han adueñado del poder en Nicaragua, eliminando y apresando a los políticos opositores, destruyendo la libertad de expresión, reprimiendo la disidencia e incluyendo a la Iglesia Católica con sus prelados.
La comunidad interamericana ha vuelto a mostrarse fracasada ante los casos de destierro de la democracia.
La Organización de Estados Americanos ratifica su condición de inoperante en situaciones como estas y por tanto solo es una carga burocrática para los gobiernos de la región que financian su subsistencia.
De manera individual, entonces, los países con vocación democrática tienen la obligación moral de acompañar al pueblo nicaragüense y promover las luchas para la restauración de un estado de derecho en esa empobrecida y sufrida nación.
