La empresa intentó trasladar la producción a Italia en 2011, donde la pena capital es ilegal, pero el país se negó a permitirla a menos que Hospira pudiera garantizar que no se utilizaría en ejecuciones.

Así que el trabajo del Workman se transformó: ahora debía lograr el medicamento en otras fuentes.

No fue fácil.

«Te sentías aislado porque sentías que el mundo estaba enojado contigo», cuenta a la BBC.

«Te hacía sentir como si estuvieras haciendo algo mal. Si tú crees en la pena de muerte, en realidad nosotros no».

En un momento dado, Workman pudo establecer conexiones con una compañía farmacéutica en India que parecía que sería capaz de entregar el suministro sin obstáculos, pero abandonó la idea cuando descubrió que la compañía no tenía el proceso de aprobación utilizado en EE.UU.

Significaba que no podía garantizar la calidad del medicamento.

«Ese fue un pensamiento aterrador. Realmente no sabes en lo que te estás metiendo y no puedes correr riesgos en el proceso», dijo.

En el estado de Arizona, el jefe de la prisión, Carson McWilliams, también estaba en la búsqueda de medicamentos letales.

Había estado llamando a compañías farmacéuticas con sede en EE.UU. para preguntarles si les quedaba algún medicamento de pedidos anteriores.

«Probablemente me comuniqué con todas las compañías farmacéuticas que conocía. La mayoría de ellas ni siquiera me hablaron».

Como nadie lo hizo, él también recurrió al proveedor de India. En su caso, sí encargó algunos envíos, al igual que el Departamento Correccional de Texas.

Era vital buscar los medicamentos, dijo McWilliams, porque en Arizona, cuando se emite una orden de ejecución, una penitenciaría tiene 31 días para cumplirla antes de que expire la orden, momento en el cual tendrían que comenzar el proceso nuevamente.

«Ese reloj empieza a correr. Estás bajo presión para que esto suceda. Así que tienes que ser creativo y hacer lo que tengas que hacer para que esto suceda», dijo.

Pero cuando los medicamentos llegaron a EE.UU., funcionarios federales los confiscaron, lo que llevó a McWilliams nuevamente al punto de partida.

Una misión importante

Fue entonces cuando se puso en contacto con un farmacéutico de Inglaterra que podía suministrarle tiopental sódico. En aquella época el suministro del producto era legal.

«Se sintió bien porque sabemos qué son estos medicamentos y los hemos usado antes», afirmó.

Pero el proveedor no era una gran empresa farmacéutica. De hecho, Medhi Alawi operaba desde una dirección que aparentemente también funcionaba como escuela de conducción en Acton, Londres.

Cientos de frascos con polvo blanco fueron empaquetados en una caja de cartón y enviados a la oficina de Carson McWilliam en Florence, Arizona. Se convirtió en uno de los pocos proveedores en Estados Unidos.

Se corrió la voz entre las autoridades penitenciarias de todo el país, y pronto comenzaron a circular correos electrónicos solicitando acceso a los medicamentos encargados en Reino Unido.

McWilliam pensó que habían resuelto su búsqueda de medicamentos para realizar las ejecuciones, pero la mayor parte del envío desde Londres fue confiscado por la Administración de Alimentos y Drogas de EE.UU. debido a problemas con la licencia.

Sin embargo, algunos frascos ya se habían utilizado para llevar a cabo ejecuciones en Arizona y Georgia.

Probando lo que no se ha probado

En 2011, Reino Unido declaró ilegal la exportación de medicamentos para su uso en la pena capital.

Sin un suministro constante de tiopental sódico procedente de Reino Unido, la búsqueda continuó durante años. De forma controversial, algunos estados incluso probaron diferentes combinaciones de medicamentos en las ejecuciones.

Joel Zivot, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory que ha hecho campaña contra los procedimientos de inyección letal durante la última década, dijo que no se deberían utilizar medicamentos ni otras herramientas médicas en las ejecuciones.

«Ninguna compañía farmacéutica seria produce medicamentos pensando en la ejecución. Cuando el Departamento Correccional usa medicamentos para matar, es un uso indebido de ese producto», le dijo a la BBC.

Agregó que en lugar de poner fin a la producción de medicamentos que tienen otros fines terapéuticos, los gobiernos deberían intervenir y aprobar regulaciones que restrinjan el uso de los medicamentos letales.

Algunos, incluido McWilliams, que apoya la pena de muerte, piensan que las nuevas combinaciones de medicamentos tenían efectos diferentes a los de la fórmula original.

«Sobre el cóctel de medicamentos original que la gente usa, todos sabían que funcionaba bien y no había problemas con él. Algunos de los otros medicamentos no eran tan efectivos, por lo que las ejecuciones duraron más», dijo.

Los abogados del asesino convicto Joseph Wood presentaron una demanda para detener su ejecución por preocupaciones sobre el suministro de los medicamentos utilizados en Arizona. La Corte Suprema finalmente permitió que se llevara a cabo en 2014, pero el procedimiento duró casi dos horas y tuvo como resultado que le inyectaran 15 veces.

Eso llevó a Arizona a suspender temporalmente las ejecuciones para revisar los procedimientos del estado. La pena capital no se reinició hasta 2022.

Charles Ryan, director del Departamento Correccional de Arizona, dijo en un comunicado después de la ejecución de Wood: «Una vez que el recluso fue sedado, no hizo ninguna mueca ni hizo ningún movimiento adicional». Dijo que «se le aseguró inequívocamente que el recluso estaba en coma y nunca sintió dolor ni angustia».

También en 2014, la ejecución de Clayton Lockett en Oklahoma fracasó y murió poco después de un infarto. Algunos culparon a un cóctel de medicamentos no utilizado anteriormente, mientras que los informes también sugieren un problema con la vía intravenosa utilizada para administrar la sustancia.

El fracaso fue condenado por la ONU y el presidente Barack Obama, y ​​ayudó a arrojar luz sobre la pena capital en Estados Unidos, la única democracia del mundo occidental que todavía lleva a cabo ejecuciones. Muchos han argumentado que el uso de medicamentos nuevos y combinaciones de sustancias violaba la prohibición de la Constitución estadounidense contra castigos «crueles e inusuales».

Pero a pesar de las preocupaciones, la Corte Suprema confirmó repetidamente la legalidad de la pena de muerte y el uso de medicamentos inyectables letales.

Disminución de la pena de muerte

Hoy en día, la pena de muerte continúa, pero ha disminuido y persisten las preocupaciones sobre los métodos utilizados para consumarla.

Oklahoma es uno de los cinco estados de EE.UU. que llevó a cabo una ejecución en 2023.

En este momento, hay aproximadamente 2.400 presos en penitenciarías estadounidenses condenados a muerte. En el momento de escribir este artículo, 20 prisioneros habían sido ejecutados en 2023, por debajo del pico de la era moderna de 1999, cuando se llevaron a cabo 98 ejecuciones en 20 estados de Estados Unidos.

Más de 60 compañías farmacéuticas globales no permiten que sus medicamentos se utilicen para aplicar la pena capital.

Sin un acceso confiable, cinco estados (Idaho, Mississippi, Oklahoma, Utah y Carolina del Sur) han aprobado leyes que permiten a los prisioneros elegir morir mediante un pelotón de fusilamiento como alternativa.

Deborah Denno, profesora de la Facultad de Derecho de Fordham, en la ciudad de Nueva York, dice que la dificultad para obtener medicamentos inyectables letales es una de las razones del descenso en el número de ejecuciones.

Dijo que las ejecuciones siempre han tenido un «elemento de secreto» asociado a ellas. Pero ese secretismo se hizo más pronunciado después de que se generalizara la escasez de medicamentos.

Algunos estados incluso promulgaron leyes para mantener en secreto la información sobre qué medicamentos se usaban, como la Ley de Secreto de Inyecciones Letales de Georgia de 2013.

Esto generó preocupación, dijo. Aunque no se opone a la pena de muerte, critica los métodos que se utilizan actualmente.

«Dirán que mantienen el secreto como cuestión de seguridad para proteger lo que sucede dentro de una prisión. Pero no hay absolutamente ninguna razón por la que no podamos saber qué tipo de medicamentos se utilizan».

Paul Cassell, profesor de derecho en la Universidad de Utah que apoya la pena de muerte, dijo que los activistas han aprovechado el tema de los medicamentos.

Cree que la escasez de medicamentos inyectables letales «se utiliza como una especie de cuello de botella para bloquear la pena de muerte».

Tanto Randy Workman como Carson McWilliams ya están jubilados.

McWilliams estuvo involucrado en 29 ejecuciones mientras trabajaba para el departamento penitenciario.

«No crecí pensando, oye, esto es lo que quiero hacer para ganarme la vida. Es simplemente lo que pasó con mi trabajo».

Workman todavía vive cerca de la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, en una pequeña granja, a unas dos horas de la ciudad de Oklahoma.

Es un lugar tranquilo y a un mundo de distancia de la cárcel de alta seguridad que alberga 1.200 reclusos y donde pasó su vida laboral.

Es feliz jubilado, relajado y alegre. Ama a su esposa y a sus cabras, pero también conserva algunos recuerdos de su época de trabajo en correccionales, incluido un cuchillo confiscado como contrabando en prisión.

Reflexionando sobre los años que pasó buscando los medicamentos letales, Workman afirmó que «era un problema horrible. Era como tratar con un traficante de drogas».

Apoya la pena de muerte, pero ahora dice estar listo para «alejarse de ella» y realiza actividades pastorales en prisión.

«No me gusta ver morir a la gente. No me importa lo que hayan hecho. Siguen siendo personas», dijo.