La democracia, en su esencia, se basa en principios fundamentales, otorgando poder al pueblo para elegir a sus representantes.

Este sistema de gobierno es preferido por países que buscan mantener un equilibrio entre las acciones de sus gobernantes y las aspiraciones de los gobernados. Sin embargo, la plenitud de la democracia no sólo reside en su legalidad, sino también en su legitimidad.

La legalidad democrática se refleja en la forma en que se elige a los representantes, en los procesos electorales que se llevan a cabo.

La legitimidad, por otro lado, va más allá de la legalidad; implica la aceptación y respaldo genuinos de la población hacia las autoridades elegidas.

La usurpación del poder democrático, aunque legal, carece de legitimidad y socava los cimientos mismos de la democracia.

Hoy, en muchos gobiernos locales, nos enfrentamos a una realidad preocupante. Si bien las autoridades pueden ser legales en términos de su elección, surge la pregunta crucial: ¿son legítimas? Una abstención del 70 % en las elecciones locales plantea serias dudas sobre la legitimidad de las autoridades recientemente electas.

La falta de participación ciudadana sugiere un distanciamiento y descontento significativos, cuestionando la representatividad y la conexión real entre los gobernantes y los gobernados.

La alta abstención puede interpretarse de diversas maneras, y dos aspectos destacan. En primer lugar, podría reflejar una falta de confianza generalizada en el sistema político imperante. Los ciudadanos podrían percibir que sus votos no generan un impacto significativo o que el sistema no aborda adecuadamente sus preocupaciones. Esta desconfianza sistémica puede alimentar la apatía y la abstención.

En segundo lugar, la alta abstención también podría indicar una desconfianza específica hacia los políticos locales. Los ciudadanos podrían sentir que los representantes no los representan verdaderamente, que carecen de conexión con las realidades locales o que sus promesas electorales no se traducen en acciones concretas.

Esta falta de confianza en los políticos del “solar”, aquellos que deberían conocer y abordar las problemáticas locales, puede resultar en un rechazo generalizado de participar en el proceso electoral.

La cuestión fundamental que se plantea es si el sistema democrático es el más justo. La democracia como sistema ofrece un marco para la toma de decisiones inclusivo y participativo, pero su efectividad depende de la participación activa y comprometida de la ciudadanía.

La justicia de la democracia no sólo radica en la legalidad de los procesos electorales, sino también en la capacidad del sistema para representar de manera legítima los intereses y deseos de la población.

Para abordar estas preocupaciones, es esencial implementar medidas que fortalezcan tanto la legalidad como la legitimidad de la democracia.

Fomentar la transparencia en los procesos políticos, garantizar la rendición de cuentas de los representantes electos y promover un diálogo continuo entre los gobernantes y los gobernados son pasos cruciales.

Además, la educación cívica y la concientización sobre la importancia de la participación ciudadana pueden desempeñar un papel crucial en revitalizar la democracia.

Si los ciudadanos comprenden la relevancia de su participación y creen en la efectividad del sistema para abordar sus inquietudes, es más probable que se comprometan activamente en el proceso democrático.

La democracia enfrenta desafíos cuando la legalidad de sus procesos electorales no se ve respaldada por la legitimidad. La alta abstención señala una desconexión entre los ciudadanos y sus representantes, lo que subraya la necesidad de fortalecer la participación activa y la confianza en el sistema democrático.

Al abordar estas preocupaciones, podemos trabajar hacia una democracia más justa y representativa, donde la voz del pueblo no sólo sea legalmente reconocida, sino también legítimamente respetada.

*Por Víctor Féliz Solano