La democracia se sustenta en la posibilidad de que las distintas expresiones ideológicas, sociales y políticas encuentren espacios para organizarse y participar, siempre dentro de las reglas que garantizan la convivencia y el respeto al orden constitucional.
Por eso merece una reflexión cuidadosa cualquier intento de excluir del sistema formal a organizaciones políticas por el simple hecho de ser pequeñas.
Nuestro sistema de partidos ha demostrado fortaleza precisamente porque ha permitido que las organizaciones políticas sigan una dinámica parecida a la de muchas instituciones humanas. Nacen, crecen, se desarrollan y, eventualmente, algunas desaparecen.
Partidos que ocupaban posiciones importantes en el escenario nacional hoy tienen una presencia reducida o simplemente desaparecieron. Otros que comenzaron siendo pequeños consiguieron crecer hasta convertirse en grandes fuerzas políticas.
Ningún partido nace grande.
La dimensión electoral de una organización en un momento determinado tampoco necesariamente determina su importancia futura ni el valor de las ideas, intereses o sectores sociales que representa.
Una proliferación ilimitada de organizaciones sin respaldo ciudadano efectivo puede fragmentar excesivamente la oferta electoral, complicar la administración de los comicios, producir boletas difíciles de manejar y generar distorsiones en la distribución de los recursos públicos.
Es razonable, por tanto, establecer requisitos para obtener y conservar el reconocimiento. Lo importante es que esos requisitos sean equilibrados y no conviertan un determinado porcentaje de votos en la única medida de la legitimidad de una organización política.
Las reglas deben ordenar la competencia democrática, no sustituirla.
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