Luego de la vida, la libertad es de los valores más preciados para el ser humano. Por eso los sistemas judiciales modernos parten de que la privación de libertad debe ser una excepción en el curso de un proceso en el que se busca determinar la culpabilidad o no de una imputación penal.
Ese era el mismo sentir del Código Procesal Penal dominicano, pero se ha distorsionado de manera tal que la prisión preventiva está pasando a ser la regla.
El Ministerio Público pide prisión preventiva casi de manera automática y muchos jueces la conceden también con una facilidad pasmosa.
El preocupante fenómeno responde a la lógica de que con frecuencia se cree que cuando se dicta una medida de coerción diferente a la prisión preventiva se le está poniendo fin al proceso.
Y no es así.
Los procesos judiciales están llamados a ser llevados con el imputado en libertad, incluso hasta para preservarle el derecho a la defensa y el principio de igualdad procesal.
Con esa actitud, que en cierta medida viene arrastrada por la justificada desconfianza de la población en nuestro sistema judicial, lo que está logrando es provocar un mayor hacinamiento en las cárceles e imponer un castigo por adelantado a los imputados.
En adición, como lo señala en esta edición la directora de la Defensoría Pública, ser pobre se ha constituido en motivo de una condena previa que no hay forma de resarcir cuando el mismo resulta ser no culpable.
El reto para el sistema judicial está en que efectivamente los procesos puedan ser llevados a término y garantizar que el imputado irá a la cárcel cuando resulte culpable.
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