Los impuestos bien administrados son instrumentos de los Estados para practicar la solidaridad social. Quien más tiene debe aportar más a ese fondo común que administra el Estado para ofrecer servicios fundamentales a la nación y ejecutar planes que garanticen un nivel de vida digno a los ciudadanos.
Visto ese planteamiento, simple, se corre el riesgo de que actores de la economía y los administradores del Estado se lleguen a creer que los impuestos son el mejor mecanismo para atacar la desigualdad social y estarían cometiendo un grave error.
A lo que los países deben apostar es a que cada ciudadano pueda, con el sudor de su frente, suplirse de al menos lo fundamental para vivir. Eso lo convierte en ente productivo, protege su dignidad y ayuda al constante desarrollo de la nación.
El mejor mecanismo para reducir la desigualdad social es el salario digno.
Las empresas y el Estado están sustentados en salarios de miseria o de sobrevivencia, lo cual garantiza una profunda inequidad.
Algunos pilares de la economía dominicana tienen en los bajos salarios uno de sus “incentivos” principales, como son los casos de Zona Franca y Turismo.
Mejores salarios permitirían que el Estado no tenga que invertir tanto dinero en los “planes sociales” y habría más recursos para atender los servicios.
Incluso el sector empresarial se lucraría, pues los ciudadanos tendrían mayor capacidad de consumo.
La economía dominicana soporta esa revisión.
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