La corrupción, según el Barómetro

La corrupción, según el Barómetro

La corrupción, según el Barómetro

Franklin Puello

El clamor colectivo a favor de la transparencia en el ejercicio del poder viene a tener mayor impacto con la reciente edición regional del décimo Barómetro Global de la Corrupción que fue difundida hace varias semanas, con un balance muy negativo para el país.

Es decepcionante que República Dominicana fuera incluida en el segundo lugar entre las naciones de América Latina y el Caribe donde se registra un aumento de la corrupción, solo superada por Venezuela y seguida por Perú.

En una publicación de esta institución se detalla que se hizo una encuesta a más de 17 mil personas de 18 países, en la que se apunta que el 53% de los interrogados cree que en los últimos doce meses ha empeorado la situación, además de que “un 85% de los encuestados mantiene que la corrupción en el Ejecutivo es un gran problema y un 57% que los gobiernos no están haciendo un buen trabajo atajando esta lacra”.

La verdad es que la corrupción siempre sale entre los males a enfrentar por el país de cara a fortalecer la institucionalidad, con el principal reto de eliminar la impunidad en el sistema judicial y el proteccionismo que aun prevalece por cuestiones políticas.

Hay muchos ejemplos por citar y que desnudan el poco interés en la alta jerarquía en frenar y castigar escandalosos hechos de dolo contra el Estado y en perjuicio del país, que aguardan por sanciones por parte de los tribunales y que han sido apañados por esferas político-partidarias, lo que ha contribuido a elevar la desconfianza de la población en el perfil deseado de una real institucionalidad y transparencia impulsadas desde el Ejecutivo.

En el país existen las leyes ideales para el castigo, y al margen de las complicidades tradicionales que han matizado el accionar político, solo ha faltado la firme voluntad desde las instancias más altas para cercenar este cáncer que lesiona el desarrollo institucional y estructural de la sociedad, en virtud de que no se puede permitir que en cada gestión gubernativa surjan nuevos enriquecidos desde el erario y sin sanciones drásticas que incluyan la apropiación de bienes y una larga estadía en prisión.

La desnudez venida por los resultados de Barómetro conduce al convencimiento de que tarde o temprano habrá que despertar y motorizar todo el esquema jurídico y político que contribuya a adecentar todo el quehacer público y haya sanciones.



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