Hay organismos del Estado cuyas acciones apenas tienen repercusión en los medios de comunicación. Entre ellas se puede mencionar a la Cámara de Cuentas.
Hace poco esa entidad entregó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción un pliego de auditorías hechas a distintos cabildos que operan en toda la geografía nacional.
El trabajo de la Cámara de Cuentas tiene su punto de apoyo en seguir la línea del dinero público, y que todo lo que implique un gasto o inversión con recursos del Estado se haga de acuerdo a lo que establecen las leyes y disposiciones vigentes.
De manera que todo lo que sale a relucir con el caso de los cabildos arroja un rosario de violaciones que incluye utilización de recursos de forma irregular, falta de soporte de gastos; suscripción de contratos concedidos a terceros con grandes privilegios, así como violación de la Ley de Compras y Contrataciones y designación de familiares y allegados en posiciones privilegiadas.
La situación resulta preocupante, ya que los cabildos no solo reciben un presupuesto del gobierno central, sino que también recaudan cientos de millones de pesos por los servicios que ofrecen.
Se trata de dinero que se evapora y nadie resulta señalado como el responsable de tanto dispendio. Esperemos que haya, al menos en esta ocasión, toda la sensibilidad que amerita el caso por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción para que actúe y se escarmiente a los responsables de tales violaciones con toda la fuerza que amerita cada caso, de manera particular.
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