Los preparativos del año escolar que debe iniciar en manos de las autoridades que se inauguran en el poder el 16 de agosto no dejan de causar ruidos. Este es, en realidad, un fuerte desafío, no sólo para el anunciado ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar, sino para el gobierno del que forma parte.
Del que inició el año pasado todos conocemos la forma en que terminó: manga por hombro. A partir de mediados de marzo no hubo condiciones para volver a la educación presencial y, como es sabido, no había sido planificado para la docencia virtual.
Con los niveles de expansión del coronavirus parece imprudente reunir en un aula a decenas de niños o adolescentes, a cientos o miles en una escuela o liceo, para sólo incluir en la ecuación a los actores formales del proceso. Sacar a los estudiantes de sus casas por medios propios de la familia, en transportes colectivos o con el simple desplazamiento a pie es hablar de eslabones de toda una cadena de riesgos.
La docencia presencial tiene muchos factores en contra. Puestos a analizar las condiciones mínimas para la docencia virtual se alcanza a ver que no es menos compleja. La familia, para empezar por algún punto, debe aportar un área apropiada para el o los estudiantes, energía eléctrica estable, una conexión aceptable a la red de la internet y equipos o tecnología también apropiados.
El gobierno tendrá en este punto que canalizar la solidaridad del Estado con los profesores y con los padres. Tener una conexión a la internet no es estar en condiciones para enfrentar esta nueva realidad.
Asumir la educación presencial, semipresencial o virtual tiene implicaciones para todos: las autoridades, los profesores, los padres, los estudiantes y los operadores de la educación como negocio.
Es una de las urgencias que deberá atender el nuevo gobierno y en ello necesitará, sin duda, de la cooperación de todos.
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