Por: Teodoro Tejada

La Ley No. 118-21 sobre terminación de obras viales, escuelas y hospitales que se encuentran suspendidas, encarga al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de actualizar los precios generales de dichas obras. Fue promulgada el 1 de junio de 2021.

Con esta ley el presidente Luis Abinader obtiene un marco legal que le permite resolver el grave problema heredado de las construcciones, reparaciones y ampliaciones de las obras de los sorteos de Escuelas, Estancias Infantiles, 19 de los 56 hospitales sorteados y cuatro infraestructuras viales, las cuales son Carretera Circunvalación Azua, Tramos I y II, Carretera Barahona-Enriquillo, Carretera Turística Santiago-Puerto Plata y la Ampliación Autopista Duarte., contenida en el artículo 14, debido a que las mismas superan el veinticinco por ciento del monto inicial contratado en violación al artículo 31, numeral 2 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

El mandatario llamó nudo legal a estos incrementos. Para mí no existe tal nudo legal, sino una negación a la aplicación del artículo 32, numeral 1 de la misma ley 340-06, que ordena el contratista tiene el derecho a los ajustes correspondiente, que devuelvan el equilibrio económico del contrato. Es que no solo los proyectos contenidos en el artículo 14 de la ley 118-21 tienen este problema del aumento del 25% de su contrato original.

Ahora bien, son tantos los problemas que tienen los proyectos sorteados en el primer gobierno del expresidente Danilo Medina, que se extendieron a su segundo periodo sin resolverlo, principalmente las escuelas y estancias infantiles, sin la más mínima planificación de estos proyectos que ni el lugar donde edificarse se tenía.

El presidente Luis Abinader prefirió establecer una muy buena acción de política pública, de contar con esta ley 118-21, y con la misma resolver estas dificultades.
Hay que destacar el gran esfuerzo desarrollado por el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones(MOPC), el Ministerio de Educación(MINERD) y la Dirección General de Contrataciones Públicas para dar cumplimiento a este marco jurídico de la ley 118-21, con la cual se han realizado pagos de consideración. No obstante, hay que reconocer que todas leyes son interpretativas, y como tal se han presentados inconvenientes, evitando que los pagos de cubicaciones fluyan como lo desea el presidente Luis Abinader.

Al 31 de diciembre pasado 2021, más de 200 cubicaciones enviadas por el MOPC al Ministerio de Educación no fueron pagadas por problemas legales que se creían superados con la entrada en vigencia de la ley 118-21, lo mismo que 48 cubicaciones que llegaron a mediado de ese mismo mes de diciembre que no tenían problemas legales, tampoco fueron pagadas por educación por alegados inconvenientes en hacer las apropiaciones que, dependen de otras instituciones, algo que se suponía superado en el presente gobierno.

Esto ha generado gran malestar e inconvenientes a los contratistas de escuelas y estancias infantiles que ya habían enviado sus facturas fiscales con el pago del ITBIS, con su NCF, que venció el 31/12/21. Se destaca que se han pagados más de 100 cubicaciones finales que tenían varios años con esas deudas.

Debido a todos estos problemas que no ha permitido resolver los entuertos para lo cual fue elaborada y aprobada esta ley 118-21, la Contraloría General de la República ha emitidos dos resoluciones que establecen las normativas que regulan la viabilidad de la aplicación y ejecución para la terminación de las obras viales, escuelas y hospitales que se encuentran suspendidas, inconclusas y declaradas de alta prioridad en la Ley No. 118-21 de fecha 31 de mayo 2021, por mandato del artículo 3 de la Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República de fecha 8 de enero 2007 y su reglamento de Aplicación No. 491-07.

El Contralor General de la Republica, el Lic. Catalino Correa Hiciano, ha venido dando seguimiento y poniendo gran empeño para que se cumpla la referida normativa, por lo que emitió una primera Resolución No.: IN-CGR-RCNCI-2021-021-07, del 20 de agosto 2021, para agilizar los procedimientos que lleven a un feliz término los pagos de cubicaciones pendientes. No obstante, los problemas continuaron, por lo que fue emitida una segunda Resolución No.: IN-CGR-RCNCI-2021-021-08, del 20 diciembre 2021, que elimina la anterior.

En esta normativa se establecen procedimiento que permiten efincientizar, agilizar y transparentar los procesos de los pagos de cubicaciones y sus registros de contratos con el objetivo de poder finalizar estas obras de tanta importancia para la educación dominicana, la salud y las infraestructuras viales contenida en la ley No. 118-21.

El Presidente Luis Abinader debe transferir al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones(MOPC) las obras de construcción, reparación y remodelación de Escuelas y Estancias Infantiles que están a cargo del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones(MIVHED), dado el límite de la ley 118-21 cuya vigencia está contenida en el artículo 16. Citamos: Articulo 16.- Transitoriedad de la ley. La presente ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

El 4 diciembre 2020 en el Pabellón de Voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, de las 8:00 A.M y hasta las 6:00 P.M., el Ministerio de Educación recibió las ofertas de 373 oferentes de la licitación para la reparación y acondicionamiento de 570 centros educativos.

Sería saludable que el Ministerio de Educación suspenda la licitación Publica Nacional, referencia: MINERD-CCC-LPN-021-0015, para la Rehabilitación de ciento treinta y siete (137) Planteles de Centros Educativos a Nivel Nacional para el año escolar 2021-2022, dirigido a MIPYMES, cuya recepción de propuesta está programada para el jueves 27 de enero 2022, a las 9:00 A.M.

Lo mismo que la licitación Pública Nacional referencia: MINERD-CCC-LPN-021-0017, para la Rehabilitación de doscientos noventa y cuatro (294) Planteles de Centros Educativos, cuya recepción de propuesta está programada para el jueves 10 de febrero de 2022, a las 9:00 A.M.

Se hace necesario hacer una exhaustiva auditoria que, determine los centros educativos que necesitan ser atendidos.