Santo Domingo.- La Contraloría General de la República reforzará la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci) en las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07, con el objetivo de que actualicen y fortalezcan sus sistemas de control interno.
El contralor Daniel Omar Caamaño Santana informó que el órgano rector dará inicio en este mes de marzo al plan de acompañamiento a las entidades gubernamentales que abarca la Ley 10-07, con el objetivo de evaluar la arquitectura de control interno e identificar las fortalezas y oportunidades de mejora.
“Procuraremos que las instituciones públicas bajo el ámbito de acción de la Contraloría refuercen sus sistemas de control interno para garantizar el buen uso de los recursos asignados y el logro de los objetivos que cada uno está llamado a cumplir tal y como lo ha planteado el Presidente Danilo Medina”, expresó el funcionario.
“Tan pronto se concluya con la revisión técnica, las normas estarán nuevamente a disposición del público a través de la página Web de la Contraloría General de la República en este mismo mes de marzo”, apuntó Caamaño Santana.
Para una segunda fase, la entidad informó que tiene programado realizar la actualización de las NOBACI, tomando como base las mejores prácticas internacionales tales como COSO 2013.
El Marco COSO hace referencia a las mejores prácticas internacionales en la gestión de control interno y está compuesto por cinco componentes fundamentales como son: Ambiente de Control, Valoración y Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Monitoreo y Seguimiento.
Se estima que en un plazo de un año hayan sido abarcadas 320 entidades gubernamentales.
La Contraloría General de la República reforzará la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) en las instituciones bajo el ámbito de la Ley 10-07, con el objetivo de que actualicen y fortalezcan sus sistemas de control interno.
Las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) son el conjunto de mecanismos y herramientas que toda entidad pública debe poseer y poner en práctica para garantizar el buen uso de los recursos públicos asignados y la consecución de los objetivos misionales e institucionales.
