La continuidad de las operaciones como garantía de sostenibilidad

Hoy vivimos en un mundo donde lo inesperado puede cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Un huracán, una falla en los sistemas, la ausencia de una persona clave, provoca la paralización de servicios esenciales. Por eso, hablar de continuidad del negocio en el sector privado y de continuidad de las operaciones en el sector público no es un asunto técnico distante, es la base para garantizar que la vida diaria de miles de personas no se vea interrumpida.

Sin embargo, la realidad es que gran parte de las empresas e instituciones dominicanas aún operan sin un plan de contingencia sólido, lo que las deja expuestas a riesgos que pueden derivar en pérdidas millonarias y, en el caso de las entidades gubernamentales, en la interrupción de servicios vitales para la ciudadanía.

Los imprevistos no preguntan, y la historia del país lo confirma. El paso del huracán Georges en 1998 paralizó sectores productivos completos durante semanas; las intensas lluvias de noviembre de 2023 dejaron a decenas de instituciones sin energía ni conectividad, afectando desde operaciones bancarias hasta servicios hospitalarios; y la pandemia de la COVID-19 reveló la fragilidad de muchas empresas que no tenían planes remotos para continuar sus operaciones, obligándolas a improvisar en medio de la crisis.

A esto se suman situaciones más cotidianas, como fallas en los sistemas informáticos de instituciones públicas que detienen trámites esenciales, o la dependencia excesiva de un solo colaborador que concentra el dominio de un proceso crítico.

El impacto de estas interrupciones es profundo. En el sector privado, no contar con un plan de continuidad significa pérdidas directas en ingresos, contratos incumplidos, sanciones legales y fuga de clientes que buscan opciones más estables.

En el sector público, la falta de previsión genera una afectación directa a los ciudadanos: servicios interrumpidos, trámites paralizados y una percepción negativa sobre la eficiencia del Estado. Ambos escenarios comparten un mismo desafío: anticiparse a lo inesperado para proteger no solo la operación interna, sino también la confianza que depositan los usuarios y la sociedad en general.

Adoptar una cultura de continuidad no es un lujo, sino una necesidad. Diseñar un plan que contemple protocolos claros para responder a crisis naturales, tecnológicas o sociales es apenas el punto de partida.

A ello debe sumarse la identificación de procesos críticos que no pueden detenerse bajo ninguna circunstancia, el entrenamiento del personal para reducir la dependencia de individuos clave, la inversión en infraestructura tecnológica segura y resiliente, y la implementación de pruebas periódicas que permitan medir la capacidad de respuesta real.

No se trata únicamente de contar con papeles firmados o manuales archivados, sino de cultivar una cultura organizacional donde la resiliencia y el control interno sean parte de la estrategia diaria.

Garantizar la continuidad tampoco es solo un asunto de eficiencia interna; representa también una responsabilidad social. Cada empresa que se prepara asegura la protección de empleos, el cumplimiento de compromisos con clientes y proveedores, y el fortalecimiento de la economía nacional.

Cada institución pública que lo hace garantiza la confianza ciudadana en los servicios básicos del Estado, especialmente en un país donde la población espera respuestas rápidas frente a emergencias y donde los apagones eléctricos, las fallas de conectividad y los efectos del cambio climático son todavía desafíos recurrentes.

No basta con reaccionar, es indispensable prepararse. La continuidad del negocio y de las operaciones debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de toda organización que aspire a ser resiliente, confiable y sostenible. Lo que está en juego no es solo la estabilidad financiera o institucional, sino la confianza de una sociedad entera que depende de que las empresas y las instituciones públicas funcionen sin interrupciones, aun cuando las circunstancias sean adversas.