Jesús Díaz
El país sigue sufriendo estragos producto del Covid-19 y el confinamiento al que nos vemos sometido bajo un toque de queda regulado por horarios tanto en la semana como los fines de semana para evitar el contagio y mantener el distanciamiento físico.
Pero a todo esto se le suma un factor para nada silente, y es la contaminación sonora producida por los excesivos niveles de ruido que molesta a los ciudadanos en nuestras diferentes barriadas donde la ley y el orden no tienen cabida.
La legislación dominicana establece un conjunto de normas del Ruido como la 001-03, además de la Ley del Ruido 287-04, la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la Ley 42-01 de Salud Pública, la Ley 176-07 de los municipios y del Distrito Nacional y el Decreto 18-12 que crea los comités anti ruido y sanciones que pueden ir desde la incautación de bocinas y equipos de música, al cierre de instalaciones o la asignación de multas que oscilarán entre medio salario mínimo y 3,000 salarios mínimos, dependiendo la gravedad de la infracción.
De hecho, diarios nacionales se hacen eco de la cantidad de denuncias que hacen los ciudadanos al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, ya que solo en el mes de enero el Sistema 911 recibió más de 17,600 denuncias de contaminación sonora de todos los municipios del Gran Santo Domingo.
Al parecer ya la tranquilidad no es un derecho y el buen convivir entre vecinos provoca malestar e intranquilidad.Los momentos que vivimos son difíciles y requieren de la unidad de todos y todas para que este trayecto tan complejo impuesto por el virus sea menos tortuoso.
La alteración de las condiciones normales del ambiente es un problema grave que requiere una fina intervención del Estado, pues las consecuencias no solo son de salud sino también de convivencia y paz social.
