El constitucionalismo dominicano tiene dos etapas, ambas interesantes, pero de orientación diferente.
El primero de estos, impulsado por el golpe de Estado que puso fin al gobierno del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963, tuvo un carácter profundamente político y social.
Y como consecuencia de estas dos vertientes, los movimientos partidistas y militares orientados a derrocar el gobierno de facto que lo sustituyó, hecho consumado entre el 24 y el 25 de abril de 1965, acunaron la consigna de vuelta a la constitucionalidad sin elecciones.
Para los poco enterados, hay que referir el hecho de que el 29 de abril de 1963 fue proclamada la que muchos conocen como “la Constitución de Juan Bosch”, impulsada durante su gobierno, pero puesta a un lado por los líderes del golpe que puso fin a su administración, que volvieron a la de 1961, aprobada por el Consejo de Estado y proclamada el 29 de diciembre.
Los ecos de aquel constitucionalismo todavía resuenan, a pesar del tiempo, debido a su profunda vena social.
El otro, de un fuerte impacto en el ámbito jurídico, empezó a perfilarse con la reforma de la Constitución del 94, proclamada el 14 de agosto de aquel año, y se incorporó vigorosamente a los ambientes jurídico, académico y de opinión, con la reforma del 2010, proclamada el 26 de enero.
Desde entonces la Constitución de la República ha dejado de ser un documento de referencia y de confrontación de las leyes para convertirse en un gran paraguas bajo el que se cobijan y encuentran coherencia todas las corrientes del derecho en el país.
Ha venido a ser, por demás, una prestigiosa especialidad jurídica.
El Tribunal Constitucional, una de las instituciones incorporadas con la reforma del año 10, ha contribuido notablemente con este nuevo constitucionalismo dominicano.
Unos más, otros menos, todos vivimos la Constitución, que hoy festeja los 180 años de la primera de sus versiones, la denominada de San Cristóbal, ¡enhorabuena!
