El inmobiliario es un sector de negocios muy sensible, lo mismo cuando se trata de grandes inversiones o de aquellas que parecen pequeñas por los limitados recursos económicos envueltos.
La esperanza de una familia sin casa propia es dar con una oportunidad para satisfacer esta necesidad, y esta es la puerta por la que entran muchas formas de engaños causantes de años de amargura.
Porque después que ha sido entregado el dinero para “apartar”, o el “inicial” para la obra, pueden mediar años de espera, visitas a tribunales y pérdidas de dinero, salud y confianza en unos procedimientos que deben ser afrontados, pero que la gente común generalmente no entiende.
Una gran inversión, en la cabeza de cualquiera, es muchos dinero, digamos que cientos de millones de pesos o de dólares, pero este es un campo en el que todo aquel que entra lo hace con grandes inversiones, tanto si de lo que se trata es de sus ahorros, de un financiamiento de diez o veinte años para tener un apartamento, como si lo envuelto es capital de inversionistas.
Esto a propósito del llamado del obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, para que sean evitadas las estafas inmobiliarias en la parte de la región Este sobre la que ejerce su ministerio, particularmente las de Verón—Punta Cana.
La preocupación del prelado católico acerca de lo que puede estar ocurriendo en una región muy sensible, en vista de que se trata del polo turístico más pujante del país, puede ser extendida al Gran Santo Domingo, el Sur o el Cibao.
Cuando un gran inversionista se encuentra con serias dificultades en el sector inmobiliario, sufre el prestigio del Estado; cuando un dominicano radicado en el exterior es defraudado por un “emprendedor”, sufre un individuo que en el mejor de los casos tiene cinco años ahorrando para cumplir un sueño.
Los dos, el grande y el individuo, o el núcleo familiar defraudados en este sector, necesitan el respaldo de instituciones creíbles.
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