El diálogo entre las personas no tiene frontera de sexo, género ni preferencias. Es diálogo puro y simple. Para hablar el único requisito es ser persona. No existe entonces diálogo humano si no está la persona, ambas sentadas en la mesa redonda con la persona mediadora o conciliadora. Puede ser otro tipo de mensaje.
Las personas mediadores no discriminan, en caso de hacerlo, la ciudadanía puede reportarlo. Porque la mediación como resolución alterna de conflictos es humana. Pero más allá, la mediación de conflictos es inclusiva y no excluyente.
La persona LGBTIQ+ puede asistir a los servicios de mediación, tanto los que están en su entorno o comunidad, como los establecidos por el Poder Judicial. Serán recibidos, atendidos como se ofrece a las demás personas. No tiene y debe existir diferencias por su preferencia, creencia o postura.
Todos los expertos en conflictología coinciden en la definición del conflicto. Indican que el conflicto es una oportunidad que posee la persona para abordar sus situaciones de manera positiva y creativa. Si trabas de ninguna índole para ejercer sus derechos de mediar, conciliar y consensuar conflictos con su pareja, expareja, vecino, laboral familiar o de otra índole.
Además, cuando enfrenta el conflicto por la vía alterna como en los casos de mediación, las personas se dan cuenta de lo muy significativo del proceso: la escucha activa de la persona tercera imparcial llamada mediador o mediadora. Por esas y otras razones que no vienen a mi memoria, que exista en la comunidad LGBTIQ+ y otras preferencias personales de las personas alguna dificultad para acceso a justicia.
Por lo que estas personas pueden encajar muy bien en la solución de las disputas de manera pacífica.
En ese orden, la mediación de conflicto es una de las mejores herramientas en defensa de los derechos humanos de las personas que hasta en estos momentos existe. Con el solo echo de tener la oportunidad de decirle al otro/otra lo que piensa, siente y padece enriquece el autoestima en la persona y su empoderamiento.
Desde la mediación las personas tienen la oportunidad de gestionar sus conflictos sin la agresividad que se manifiesta en momentos de ira, pánico y hasta en encuentros sociales suele suceder estas controversias.
Demás está decir, que la mediación de conflictos es una herramienta de educación ciudadana, ya que le permite a la persona comprender, entender y asumir compromisos que no existen en el ámbito judicial (ministerio público o Poder Judicial).
En relación al movimiento LGBTIQ+ en la República Dominicana, ha ido calando su comprensión, tolerancia y otros logros que han ido cosechando tanto en el apoyo como las diversas actividades de esa colectividad en la sociedad dominicana.
Las diversas ramas de la mediación (escolar, familiar, comunitaria, vecinal, laboral e intercultural), han permitido a los diversos actores que interactúan en el sistema judicial abrir espacios para que la ciudadanía se exprese con libertad, comprensión y a la vez, los ayude a asumir un compromiso propio no impuesto.
Esos enfoques de la mediación van cerrando las diferencias de creencias y comportamientos.
Por eso es básico que a las personas menores de edad (niños, niñas y adolescentes) se les entrene en mediación educativa, desde la cual estos asumen posiciones de imparcialidad desde su plantel escolar y a la vez, ir visualizando una sociedad no solo en la tecnología, sino en la persona. Tanto la tolerancia como el respeto mutuo.
Las políticas públicas en LGBTIQ+ y la mediación
s de conocimiento de la ciudadanía que en nuestro país, desde el 2006 la Suprema Corte de Justicia mediante la resolución 402-06 decidió declarar la Resolución Alterna de Conflictos como políticas públicas a favor de la gente.
Motivando esa acción cambios profundos a lo interno del sistema judicial tradicional.
Esa resolución no solo implicó a las personas jueces, mediadores, alguaciles, profesionales del derecho, defensores públicos u otros actores, no. También buscó provocar un cambio de mentalidad y la forma de impartir justicia, es decir, el paradigma.
La mediación es una realidad. Un poder del Estado decidió declararla política pública y esa acción, compromete a los actores del sistema a ver los conflictos con ojos humanos no de fobias o cosas parecidas. En ese orden, el Estado vía el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo elaboró la denominada Encuesta de Cultura Democrática 2022-2023, subrayó que cerca del 80% de las personas consideradas dominicanas rechazan que las personas no creyentes en Dios no ocupen puestos públicos.
Pero además dijo la destacada encuesta, rechazan que personas homosexuales participen en política en un 53.2%. De igual manera con las personas migrantes de origen haitiano, el 60% no está de acuerdo que estos se postulen a cargos públicos en el país.
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