Hemos planteado en numerosas ocasiones que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos actúa con gran prejuicio contra la República Dominicana y en el panorama no se vislumbra ningún factor que pueda hacer pensar que tenga una actitud diferente.
Además de prejuiciado actúa con irrespeto y saña.
En su última sesión, celebrada en Colombia, continuó planteando que República Dominicana cambie su Constitución y su ordenamiento jurídico para que se le conceda la nacionalidad dominicana a todo el que nació aquí.
El prejuicio se pone de manifiesto que hace ese pedimento desde un país, como el de Colombia, que solo le concede su nacionalidad a los hijos de extranjeros nacidos en su territorio si sus padres son residentes legales.
En cualquier escenario la Comisión de marras arremete contra un país al que ha convertido en su especie de “banquito de picar”, debido a que las propias autoridades dominicanas no se han dado a respetar.
Los temas de la sentencia 168-13 y la Ley 169-14 están institucionalmente cerrados, por tanto no se entiende que el Gobierno dominicano permita que cada cierto tiempo esta gente intente abrirles grietas.
Con relación a la aplicación de la Ley 169-14, que crea un mecanismo expedito para obtener la nacionalidad dominicana por vía de la naturalización, las autoridades tienen el deber de velar porque las instituciones funcionen y que se pueda acoger a sus beneficios todo al que le corresponda.
Cualquiera, no solo la Comisión, tiene el derecho de observar las actuaciones de las autoridades y hasta accionar en justicia si se violan la Constitución y las leyes dominicanas en contra de cualquier persona.
Pero que se sepa, no esperamos ninguna actuación justa por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el caso en cuestión.
