El Día 
La que era una segura condena al Estado dominicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la expulsión de personas haitianas y dominicanas, así como por la desnacionalización de estas últimas, ya fue dada a conocer en el día de hoy.
El caso se refiere a las privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores expulsiones sumarias de personas dominicanas y haitianas de República Dominicana hacia Haití, incluidas niñas y niños ocurridas entre 1999 y 2000, sin las debidas garantías y sin acceso a un recurso efectivo para garantizar sus derechos. De igual forma, el caso se extendió, por ser un hecho superviniente, a la sentencia 168/13 y a la Ley 169/14.
El Estado dominicano fue condenado, entre otras sanciones, al pago de indemnizaciones, gastos y a tomar en un plazo perentorio los resguardos necesarios para garantizar los derechos de ciudadanía que ostentaban aquellos que fueron despojados de la misma, estableciendo las medidas internas que sean imprescindibles para ello.
No es para nada halagadora la noticia. No me alegro de ello. Al contrario, siento que, por afanes ultraconservadores y de un patriotismo propio de los regímenes más temidos y autoritarios de la historia universal y nacional, el país y con ello nuestras instituciones hayan sucumbido y apisonado los derechos fundamentales que deben garantizar.
Solo el gasto enorme que ha implicado para los ciudadanos de este país la sentencia 168/13, el periplo internacional del Poder Ejecutivo, a través de sus más elevados funcionarios, incluidos los del servicio exterior dominicano y el tiempo destinado por el Poder Legislativo a la aprobación de la Ley 169/14, así como la elaboración del reglamento de aplicación por parte del Poder Ejecutivo, sin menoscabo de las instalaciones de oficinas en gran parte del país por parte del Ministerio de Interior y Policía y las labores de otras instancias del Estado, nos debe mover a una profunda reflexión.
Si somos un Estado democrático de derecho debemos serlo siempre y cada una de nuestras instituciones debe, no solo tener el conocimiento de ello, sino hacerlo realidad en cada una de sus decisiones. La lección sea dada.
