Siempre he sostenido la opinión de que gran parte de los estados latinoamericanos son incapaces de perseguir orgánicamente la corrupción que generan sus sistemas políticos por lo que en su gran parte están dominados por líderes cleptócratas.
La cleptocracia que es la institucionalización y el desarrollo o ejercicio del poder basado en el robo estatal, la corrupción, prevaricación y nepotismo es la forma más degenerativa de la democracia. Este sistema generalmente persiste en Estados incapaces orgánicamente de perseguir los hechos delictivos de sus dirigentes políticos, por lo que en gran parte reina la impunidad.
En el sistema cleptocrático los bienes públicos se convierten en privados, los sistemas de contrataciones públicas están viciados por el soborno y benefician a los que están en el poder político, familiares y allegados y el ejercicio del poder para beneficiar a los ciudadanos es prácticamente nulo.
Ciertamente en los estados cleptócratas se crean instituciones para el combate de la corrupción y sus constituciones castigan duramente el peculado y el enriquecimiento ilícito, pero sus órganos judiciales están permeados por la influencia política de los que están en el poder.
Este sistema viciado ha ocasionado que muchos países tanto de América como de África y Asia sufran los efectos de la extrema pobreza. En las cleptocracias el empoderamiento y las iniciativas ciudadanas y las acciones de la sociedad civil prácticamente son anuladas desde el poder, por lo que en muchas ocasiones luce que la corrupción es un fenómeno imposible de erradicar.
No obstante, el combate a la anti corrupción de los estados latinoamericanos y de otras latitudes como Africa o Asia tal como hemos pronosticado, en un futuro serán combatidos por corporaciones de investigación que podrán armar y someter expedientes a nivel internacional y países como Estados Unidos que cuenta con un novedoso programa para combatir la corrupción internacional: la Iniciativa para Recuperar Bienes de la Cleptocracia (CARI, por sus siglas en inglés).
Desde su establecimiento en 2010, la Iniciativa contra la cleptocracia o CARI, ha llevado a cabo 26 acciones judiciales relacionadas con una veintena de casos, en los cuales tiene como objetivo a recuperar unos US$1.659 millones.
Como uno de los ejemplos notables perseguidos por el CARI tenemos el caso que se relaciona con el fallecido general Sani Abacha, quien gobernó Nigeria entre 1993 y 1998. En esta investigación se busca recuperar nada más y nada menos que unos US$630 millones, de los cuales ya han sido incautados US$480 millones mientras el monto restante aún se encuentra pendiente de decisiones judiciales.
La principal ley anticorrupción estadounidense, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), siempre permitió a los fiscales investigar a empresas estadounidenses y extranjeras que sobornaban a funcionarios gubernamentales extranjeros.
Sin embargo es mucho el camino que queda por recorrer. Se necesita fomentar en los estados latinoamericanos una nueva generación de políticos y mecanismos para dotar a los Estados de la capacidad de perseguir la corrupción de sus líderes y esto se logrará con la cooperación y presión internacional, aspecto que trataremos en el próximo artículo.
