La verdad incuestionable es que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fijó públicamente el 8 de octubre de este año su posición de rechazo contra la sentencia del Tribunal Constitucional que esclarece los principios para obtener la nacionalidad dominicana.
La emitió a escasos días de que dicha sentencia se hiciera pública, lo que permite a cualquiera dudar que tuviera tiempo de hacer los análisis técnico-jurídicos que amerita el caso.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos afirmó en esa oportunidad que la decisión “despojaría de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas nacidas en República Dominicana.
En gran número de casos, estas personas podrían quedar en situación de apátridas, lo cual es violatorio a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”.
En otras palabras, fijó su posición antes de venir al país, por lo que su presencia no tiene más que un rigor protocolar.
El Gobierno dominicano, en cambio, ha actuado correctamente al no detenerse en la aplicación de lo que ordena la Sentencia y las legislaciones nacionales con la aplicación de un Plan Nacional de Regularización para permitir que legalicen su estatus los extranjeros que califican para ello.
También ha dado muestra de buena voluntad al anunciar que facilitará el procedimiento para que los nacidos aquí y que no les corresponde la nacionalidad por ser hijos de extranjeros ilegales puedan obtenerlas, si así lo desean.
Es hora de poner la casa en orden con el tema de las migraciones y la nacionalidad, como hacen todas las naciones, apegados a la Constitución de la República, el respeto a los derechos humanos, los tratados internacionales y las leyes nacionales.
No nos distraigamos. Sigamos adelante.
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