El delito se previene educando y sancionando. Igual ocurre con el delito electoral. La campaña para que la gente no venda su voto está bien. Aplausos para ella. Pero para quien compra votos lo mandatorio es sanción.
En este punto vale la pena establecer una diferencia que las autoridades y la población debe tener en cuenta.
El materia de venta de votos el delito lo comete quien lo compra. Quien lo vende está faltando a un deber cívico y hasta podría atribuírsele cometer una inmoralidad, pero el delincuente es quien compra el voto.
En este caso, son bienvenidas las campañas de concientización para contrarrestar este delito electoral, pero sin perder de vista que quien lo comete debe ser sancionado como establecen las leyes vigentes.
¿Quién debe sancionar?
Se creó una Procuraduría Especializada para combatir este delito, que no se ha puesto a funcionar sin ninguna explicación ni justificación. Eso ha dado pie a que todas las autoridades escurran el bulto.
Sin embargo, si verdaderamente existe la voluntad de combatir la compra de votos, nuestra legislación vigente da las herramientas.
La Policía-Militar Electoral tiene la facultad, como cualquier policía, de arrestar a quien descubra en delito flagrante.
La compra de votos suele hacerse alrededor de los recintos electorales, a la vista de todos. Entonces, solo basta con que la Junta Central Electoral ordene a la Policía-Militar Electoral (que durante las elecciones está bajo su mando) arreste a quien encuentre entregando dinero a votantes.
Luego deberá procesarlo, para que entonces la Justicia determine si las pruebas son suficientes para condenarlo.
Pero en el interín, con una disposición como esa por parte de las autoridades electorales, van a desincentivar a quienes se dedican a esa perversa práctica que tanto daño le está haciendo a nuestra democracia.
Los mensajes hay que acompañarlos con acción.
