Una de las tantas deficiencias que tiene la República Dominicana es el poco control de la calidad de los productos que se venden al público, especialmente los alimenticios.
Son contadas las acciones que se encaminan desde el Estado para garantizar que el público reciba lo que compra.
Los consumidores no confían, con razón, en que se respete la composición que aparece en las etiquetas de los productos, mucho menos en lo relativo al contenido nutricional.
A la población hay que educarla para que exija recibir por lo que está pagando.
La población dominicana, que suele burlarse de sus propias tragedias, expresa esa desconfianza de muchas maneras, pero casi siempre termina sucumbiendo ante la indiferencia de las autoridades llamadas a hacer cumplir con las normas.
Las autoridades tienen que sancionar a los inescrupulosos que ofrecen un producto con determinadas características o posología (en el caso de los fármacos) y terminan suministrando uno alterado o sin la calidad debida.
Los comercios suelen ser víctimas de esas malas prácticas, pues son ellos quienes usualmente tienen que darle la cara al público por productos que han fabricado otros.
Por tal motivo también tienen que hacerse sentir y reclamar que las autoridades pongan fin a esa perversa práctica.
Esa es una de las tantas manifestaciones de subdesarrollo y de debilidad institucional en el país.
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