Muchos, incluyendo EL DÍA, se han manifestado sobre la inconsecuente actitud asumida por los dueños de colegios privados y la inacción por parte de las autoridades.
Si el problema se analiza de manera superficial podría concluirse que se trata de un problema de libre empresa y que por lo tanto los colegios privados pueden poner las condiciones económicas que a ellos les parezca.
Pero el problema no es tan simple.
Se trata de un bien, la educación, al que constitucionalmente la población tiene derecho gratuito y el Estado ha decidido tercerizar una parte, lo cual hace que quien decide invertir en ese negocio tiene que acogerse a las leyes orgánicas que rigen ese, como cualquier otro derecho constitucional.
Pero esta decisión de los empresarios de la educación desnuda un problema mayor: la necesidad de que el Estado invierta más en mejorar la calidad de la educación en sentido general y de la pública de manera particular.
El envalentonamiento que muestran los dueños de colegios privados se debe a su convencimiento de que los padres conscientes harán todo lo que esté a su alcance para que sus hijos reciban la mejor educación posible.
No es que los colegios privados dominicanos superen mucho a las escuelas, pero la aventajan en algunas cosas.
Los empresarios de la educación se burlan del decadente sistema educativo dominicano y posiblemente hoy vayan a una esquina a reclamar el 4% para la educación, cuando evidentemente para ellos se trata de un mero negocio.
