Los desafíos a agentes del orden público, que en algunos casos han llegado hasta a agresiones físicas contra ellos, han superado la esfera de lo simplemente anecdótico hasta ubicarse en un fenómeno social digno de análisis profundo.
Se están convirtiendo en frecuentes los casos en que ciudadanos se resisten a reconocer la autoridad de agentes de la Policía Nacional o de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet).
Llama la atención que muchos de estos episodios son protagonizados por personas de nivel socioeconómico bajo: choferes del transporte público, motoristas, pasajeros o ciudadanos ordinarios.
Hasta hace poco se entendía que esas actitudes eran propias de personas de influencias en los estamentos políticos, militares o policiales, lo cual se tomaba como una expresión más de abuso del poder.
Por el tipo de personas que ahora escenifican esos episodios se tiene que interpretar como un cuestionamiento o un relajamiento de la autoridad que los agentes representan.
Más que instruir a reacciones agresivas frente a estas situaciones, el fenómeno obliga a una reflexión profunda sobre cuáles factores han llevado a esa devaluación de la autoridad, para así poder atacar el mal en su origen.
