El inicio del último trimestre del año, si pasáramos a hacer una evaluación económica, se caracteriza enteramente por las diversas solicitudes de aumento presupuestal para diversas dependencias del Estado.
No hay, entre las instituciones que demandan un mayor presupuesto, ningún plan de austeridad hacia adentro. Nadie plantea estudiar la realidad a lo interno y establecer los ajustes que sean necesarios.
El sector de la justicia excusa la apertura de nuevos tribunales y la mejoría de los servidores del Poder Judicial, porque no podrá disponer de un mejor presupuesto para el año entrante.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo -para solo citar dos casos- también solicita un incremento presupuestario. Las autoridades, incluso, condicionan la entrega del sueldo trece, denominado doble sueldo o bono navideño, a la entrega de partidas presupuestarias.
El último trimestre se ha caracterizado por una crisis global, que afecta la economía y los presupuestos de muchos países europeos, de Estados Unidos y varias naciones de la región. El presupuesto público de la República Dominicana no es la excepción. Ante los múltiples reclamos se impone una mesa de diálogo nacional que incida en los correctivos.
En lo que eso sucede, que indudablemente se tomará su tiempo, las instituciones y autoridades que solicitan mejores presupuestos deben empezar por hacer una reingeniería económica interna, de acuerdo a sus prioridades, y seguir adelante con sus responsabilidades.
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