Santo Domingo. – Cuando en el ámbito médico y legal se habla de asfixia mecánica, como se establece en la declaratoria de muerte de la niña Stephora Ann-Merci Joseph, no hace referencia necesariamente a un estrangulamiento provocado por una tercera persona.
Esto lo explicó el abogado Félix Porte, al señalar que es posible que un individuo se ahogue solo y muera por asfixia mecánica por ahogamiento sin la participación de un tercero.
“La expresión “asfixia mecánica” no significa necesariamente estrangulamiento por un tercero, sino que describe un mecanismo físico de obstrucción del paso del aire a las vías respiratorias”, aclaró el jurista mediante un mensaje publicado en la red social X.
Indicó que, en caso de ahogamientos, las víctimas aspiran agua, líquido que bloquea la entrada de aire en las vías respiratorias, lo que constituye la llamada asfixia mecánica por obstrucción, aun cuando no haya existido estrangulamiento ni compresión del cuello ejercida por otra persona.
Asimismo, detalló que esta condición puede presentarse por atragantamiento (alimento u objeto que tapa la vía aérea), falta de oxígeno en ambientes cerrados o confinados, así como por compresiones externas en zonas como el cuello o el tórax, por lo que “el término no se limita exclusivamente a los casos de estrangulación”.
La niña Stephora Ann-Merci Joseph falleció mientras participaba en una excursión en la hacienda Los Caballos, ubicada en la localidad de Gurabo, en la provincia de Santiago. Según el informe 552-2025 del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), murió por “asfixia mecánica por ahogamiento”.
El Ministerio Público arrestó a cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci en relación al fallecimiento de la menor de nacionalidad haitiana, a quienes acusa de homicidio involuntario. Las apresadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
Como medida de coerción los fiscales solicitan para cada imputada una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica ante el Ministerio Público y colocación de localizadores electrónicos.
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