Hace un año me referí al Informe Anual de los Derechos Humanos de 2019 del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Este indicaba lo que es una realidad en la República Dominicana: la falta de respeto a la independencia judicial y a la imparcialidad, a través de una influencia inadecuada e interferencia en las decisiones judiciales, realizada cuando las autoridades desacataron órdenes judiciales de libertad de detenidos, lo que es parte de un círculo vicioso.

Se cuestionaba a las autoridades por no haber implementado correctamente las leyes para aplicar penas criminales contra funcionarios públicos acusados de corrupción, a pesar del reconocimiento de algunas medidas tomadas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pues hubo informes generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios.

De esto se infiere que el proceso de investigación y acusación ha dejado fuera del alcance de la justicia a funcionarios que deberían haber sido investigados o llevados al banquillo de los acusados.

Según dicho informe, la parcialidad se manifiesta por enjuiciamientos selectivos, dando cuenta , del sesgo con que manejó el caso Odebrecht debido a la exclusión deliberada por parte del Procurador General de la República de entonces de funcionarios de alto nivel gubernamental.

Tal es el caso de la investigación relativa a las plantas de Punta Catalina, en que el informe destacaba que después que este se hizo público, la Oficina del Procurador General de la República interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó cargos, desestimando la acusación por irregularidad en el proceso de contratación de las plantas.

La falta de actuación del Ministerio Público en dichos casos fue altamente cuestionado, pues, conforme al principio de objetividad, debió abrir los ojos para investigar todo y a todos sin excepción. Al hacerlo arbitrariamente, a sabiendas de que su acusación fue injusta y contraria a la ley, transgredía la ley.

Lo que está pasando con las exclusiones probatorias en el juicio de fondo de Odebrecht es una manifestación del nivel de irresponsabilidad con el que se manejó el Ministerio Público, que decidió realizar acusaciones alegres y acomodaticias, lo que esperamos sea superado por la Procuraduría actual en los casos por venir. De lo contrario, los expedientes seguirán derrumbándose.