Santo Domingo.- A partir de mañana la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), asumirá las 18 direcciones regionales y 122 distritales sin concurso de oposición y favoreciendo a la militancia del Partido Revolucionario Moderno a la que pertenece su presidenta Xiomara Guante.

La decisión fue calificada como un “abuso de poder” especialmente porque la mayoría de los elegidos son presidentes de ese gremio y se encontraban jubilados.

Igual la acción es definida como un atropello y una violación por parte del ministro Roberto Fulcar al Pacto Educativo y la Ley de carrera docente, por los destituidos quienes pasaran a ser técnicos asesores.

Estos, recién interpusieron una medida cautelar ante el Tribunal Superior Administrativo a fin de que se les validen los cinco años para los que fueron elegidos en base a sus competencias y méritos profesionales.

Del grupo de los 18 directores regionales suspendidos de sus funciones, el pasado jueves entregaron sus cargos los de Santiago y Monte Plata. Los afectados coincidieron en que se les han vulnerados sus derechos adquiridos.

En el caso de la Asociación Dominicana de Profesores, hubo quienes insistieron en que el gremio debería ser declarado como “entidad no grata”, porque a partir de que ganara el PRM, la presidente del gremio Xiomara Guante, asumió un papel protagónico a favor los miembros de esta entidad y desconociendo las normas.

“Nos destituyeron del cargo a sabiendas de que llegamos a través de un proceso competitivo y méritos profesionales, han seleccionado nuevos incumbentes y mañana lunes se le dará posición. Esto lo asumimos como un atropello porque participamos en un concurso diáfano y transparente”, Andris Yulisa Novas, directora de la Regional 18-00 de Bahoruco e Independencia.

Al igual que ella, Francisco Antonio de la Cruz, de la regional 15 y Mariel Santos Mora, de la regional 07 coincidieron en que se les se han violado la Ley y Pacto Educativo, mientras que la ADP ahora enarbola otro proceso que no es el competitivo, a diferencia de tiempo atrás, y coincidieron en que el “poder determina la ley”.

“Desde un principio establecimos que se trata de una violación a la institucionalidad y la continuidad de las políticas de Estado, porque tenemos un convenio de desempeño hasta el 2023 y el Estado no pude llegar con un borrón y cuentas nuevas en cuanto a las políticas y procesos que se desarrollan en Educación cualquier otra instancia”, comento Santos Mora.

Para tomar la decisión, las autoridades según las afectados se han amparado en el artículo 109 de Ley Ley 66-97 General de Educación que habla de que los ministros pueden elegir a los directores regionales. Sin embargo, al respeto se han emitido diversas resoluciones porque no se adapta a la situación actual.

Los docentes al ver que los escogidos, ven la medida contradictoria, porque la ADP busca beneficios particulares y no lo que favorece a la mayoría.

Los educadores que ceden el puesto esperan que la justicia actúe, porque el MINERD afirmando que lo que correspondía hacer un concurso de oposición, y lo que se hizo fue emitir la orden departamental 49-2020 dejándolos sin funciones.

Otro alegato es que en el proceso en que fueron elegidos se trato de un proceso “amañado”. Sin embargo, afirman que el ministro de turno Andrés Navarro, fue respetuoso de las reglas.