SANTO DOMINGO.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) solicitó hoy de la Cámara de Diputados modificar la ley que instituye el Tribunal Constitucional, para consignarle la facultad de revisar las decisiones emanadas por la Suprema Corte de Justicia en materia de constitucionalidad.
El presidente de la entidad, Trajano Vidal Pontentini, consideró que en los términos que el Senado aprobó la iniciativa, conculcaría la Constitución con esto estaríamos obligando al Tribunal Constitucional, a que una vez esté constituido, se exprese sobre esta particularidad, corrigiendo ese entuerto que se está planteando ahora.
Sostuvo que el nuevo tribunal debe mantener la supremacía constitucional, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales sería un contrasentido que si es a éste tribunal al que corresponde dar vigencia a la tutela de los derechos fundamentales, no pueda revisar decisiones concernientes a derechos fundamentales.
Observó que el artículo 7 de la Constitución establece el denominado Estado Social y Democrático de Derecho, potencializando y priorizando los derechos fundamentales y la dignidad humana como funciones esenciales del Estado, además de los artículos 37 al 67 que contemplan un extenso y ambicioso catálogo de derechos fundamentales llamados a ser garantizados y tutelados en su ejercicio por el Tribunal Constitucional.
Refutó las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien alega que si el Tribunal Constitucional revisa las decisiones de la Suprema los casos judiciales serían interminables.
Difiero de esa declaración, porque no tendrá juicio alguno porque eternizarse. Aspiramos a que se corregirá lo que se está dando en la Suprema de Justicia con una demora judicial bábara y con caso que tienen cinco y diez años en una especie de limbo, comentó Trajano Potentini.
El Tribunal Constitucional es un órgano independiente de los poderes públicos llamado a fungir como equilibrio entre ellos, sometiéndolos a su control en consonancia con la Constitución los actos de los poderes del Estado, en su condición de máximo y último interprete de la Constitución con decisiones vinculantes para todos los poderes públicos y los órganos estatales.
