La aplicación selectiva de la justicia es una de las tantas formas de desacreditar el sistema judicial en su conjunto.
Por razones políticas, a veces funcionarios del Ministerio Público no actúan como debieran o como su conciencia les reclama.
Ha hecho bien la Fiscalía del Distrito Nacional con someter a un grupo de personas a las que vincula con las operaciones de lavado de activos junto con el prófugo boricua José David Figueroa Agosto.
Pero aún falta.
La estructura de protección que desarrolló Figueroa Agosto y de la que sólo se ha mencionado al asesinado ex coronel José Amado González González permanece intacta en la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas y en estamentos civiles.
No se observa intención seria de desmantelarla.
Igual ocurre con el caso del español Arturo del Tiempo Marqués, detenido en España por un cargamento de 1,213 kilos de cocaína enviado desde la República Dominicana y que fue decomisado en Valencia.
Ha quedado establecido con claridad que otro cargamento, de 935 kilos de cocaína, decomisado en el puerto multimodal Caucedo, que también tenía como destino España, estaba consignado al mismo Del Tiempo Marqués.
Las autoridades dominicanas, porque así lo declaró el propio jefe de la DNCD, sabían de quién era la droga. Sin embargo, nada pasó.
¿Actuará el Ministerio Público para que paguen sus culpas los que permitieron o auspiciaron las actuaciones delictivas de este detenido en España por narcotráfico?
Los actuales miembros del Ministerio Público pueden consagrarse como los que ayudaron a limpiar las instituciones llamadas a combatir el crimen organizado, o tener el lastre de permitir que la República Dominicana sucumba.
