Alexis Peña Céspedes.
Cuando se habla sobre Justicia Terapéutica hablamos de personas adultas o menores de edad en conflicto con la ley y a la vez, que poseen adicciones a sustancias como a las drogas y otras que las hacen dependientes.
Wexier y Winick dijeron sobre ese término que “el estudio del papel de la ley como agente terapéutico” para el individuo, que junto con los demás actores del sistema judicial (jueces, fiscales, mediadores, conciliadores, y otro actores), en base a la ley y el orden pueden cambiar de conducta pero con la rigurosidad que impone el sistema jurídico.
La Defensoría del Pueblo de Argentina explica que Justicia Terapéutica “es un paradigma legal que tiene como objetivo estudiar las normas y procedimientos legales, así como la actuación de todos los agentes involucrados, con el fin de contribuir al bienestar emocional y psicológico de las partes afectadas. Considera a la ley como una fuerza social que, a menudo, produce consecuencias terapéuticas o anti-terapéuticas, frente a lo cual este enfoque procura brindar una mirada más enriquecedora del Derecho”.
Por lo que la Justicia Terapéutica se enfoca en la persona que por su conducta psicosocial requiere un acompañamiento emocional y sentimental para mejorar su conducta para su adaptación e inserción a la sociedad.
Por tanto, un proyecto de la Unión Europea de 178,254.33 euros y 5 países aliados, en donde 409 personas resultaron beneficiadas; se realizó el proyecto Justicia Restaurativa y Terapéutica para jóvenes y mujeres, con 4 metas propuestas.
De la que se destacan “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos” y la segunda, consistía en “Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles”.
Mientras que la tercera meta establecida buscaba “Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.”
Finalmente, “Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas”. Los detalles del proyecto están https://www.adelante2.eu/es/iniciativas/ict-315-22/59
Historial. La experiencia fue trabajada por varios países. Unos que poseían estas experiencias, otros que aún le falta mayor conocimiento, entrenamiento, formación y hasta diría reglamentación para iniciar proyectos de esa magnitud. Con el nombre Ventana ADELANTE 202,1 se hizo el intento de diseño, implementación, desarrollo y consolidación de estos métodos alternativos, pero a la vez, desafiante para el país que intente implementar mecanismos como estos en el sistema de justicia con una visión tradicional de acceso a justicia por acceso a la justicia (tribunales).
ADELANTE 2021 estaba conformada por los poderes judiciales de Costa Rica, Paraguay, México, las universidades de Vigo (España) y de Santiago de Compostela (España) e integró al Poder Judicial de la República Dominicana definida la alianza “…como integrante de pleno derecho, apostando por aunar esfuerzos y afrontar el reto común de promover el enfoque restaurativo y terapéutico para jóvenes y mujeres”.
Estos aliados dijeron que “Esta nueva Alianza de Cooperación Triangular suscitó un marco de colaboración en el que a partir de los conocimientos y herramientas adquiridos en el marco de la Ventana ADELANTE 2021, se construyeron soluciones innovadoras que incorporan y capitalizaron los conocimientos adquiridos gracias a una serie previa de colaboraciones con programas de la Unión Europea tales como la primera fase de ADELANTE, EUROsociAL+, Horizonte2020 o Erasmus+”.
Por lo que entendían estos países unidos, que estas reflexiones, diálogos e intercambio de conocimientos y herramientas benefician a la ciudadanía con el acceso a justicia de manera diferente.
Lo que no ocurrió en la República Dominicana pasó en México, en donde ese país estuvo representado por el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa de su Poder Judicial. Por lo que fueron beneficiarios personas mediadoras, conciliadoras y jueces y todo su personal por el proyecto.
Dentro de los logros que serían obtenidos por la destacada unión era “…ofrecer atención especializada con enfoque restaurativo y terapéutico a jóvenes y mujeres, grupos especialmente vulnerables con los que se ha comprobado la alta eficacia de las medidas alternas que buscan la reinserción social]”.
Tanto la integración y el equipo “…permitió aumentar el acceso a una justicia digna, humana, con el bienestar psicoemocional de las personas y la participación de la comunidad en la reinserción social”. Detalles muy importantes para lograr los objetivos planteados.
El enfoque del programa tendría como público meta a personas menores de edad, jóvenes, mujeres que requerían de ese tipo de alternativas para su bienestar psicológico y estabilidad.
Tanto la integración y la unión de la alianza estratégica de estos países y las entidades académicas, estos tendrían la oportunidad de reflexionar, retroalimentación y de posibles soluciones viables para la ciudadanía.
Con las metas anteriormente citadas y desarrollada por el equipo multidisciplinario, estos pretendían “Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”.
Luego, “Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles”, para que el proyecto pudiera responder a los planes trazados.
Pretendía además, “Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto”.
Pero también “Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas”.
Sobre la metodología en el inicio del proyecto, los países integrantes tuvieron la oportunidad de ir a México a conocer las buenas prácticas en los programas de Justicia Restaurativa y Terapéutica en adolescentes y jóvenes. Tareas que permitieron a las personas involucradas la retroalimentación y reflexiones oportunas sobre el proyecto.
En otro país aliada de ese programa, Costa Rica fue celebrado el III Congreso Internacional sobre Justicia Restaurativa y Terapéutica; en el que las personas actores de justicia socializaron experiencias y para el fortalecimiento de la red en apoyo a Justicia Restaurativa.
Esta actividad permitió que los países acompañantes con el seguimiento de una persona experta, pudieran documentar sus aprendizajes, conclusiones y recomendaciones en torno a las experiencias presentadas.
Otro fruto de ese congreso, fue la ‘Guía de atención especializada con enfoque restaurativo y terapéutico para personas menores de edad, jóvenes y mujeres usuarias de la administración de justicia en el proceso penal juvenil’.
