Cada vez que se acerca la formulación del Presupuesto General del Estado, se repite la misma historia; los ministerios centrales pelean por mayores partidas, los sectores presionan para incluir sus demandas y los ayuntamientos quedan relegados a un rincón presupuestario que apenas les permite sobrevivir.
Esta es una realidad de la que nuestro país no puede seguir tolerando si aspira a un verdadero desarrollo territorial equilibrado.
Los gobiernos locales son la primera línea de contacto con la ciudadanía. Son quienes atienden el alumbrado, la recogida de basura, el mantenimiento de calles y parques, la regulación del comercio, la organización del tránsito, cementerios, mercados, la limpieza de cañadas y tantas otras tareas invisibles, pero vitales para la vida cotidiana.
Sin embargo, la mayoría de los ayuntamientos dominicanos apenas reciben recursos para cumplir con lo básico, mucho menos para pensar en obras de infraestructura de impacto o en procesos de modernización institucional.
La Ley 166-03 establece que el 10 % de los ingresos nacionales debe ser transferido a los municipios. Ese mandato nunca se ha cumplido.
Hoy apenas reciben cerca de un 3 %, cifra insuficiente frente al crecimiento poblacional, la expansión urbana y los desafíos de servicios cada vez más costosos.
Esto no sólo limita la capacidad de acción de los cabildos, sino que los condena a la improvisación, al endeudamiento y a la dependencia de transferencias discrecionales del poder central.
De cara al Presupuesto 2026, es imprescindible un cambio de rumbo. Los ayuntamientos necesitan recursos que les permitan levantar obras de infraestructura local como aceras, contenes, mercados, mataderos, parques y drenajes pluviales, proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de la gente.
También se hace urgente dignificar los salarios de sus empleados, porque no es justo que quienes sostienen el día a día de las ciudades ganen sueldos que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. A esto se suma el desafío de modernizar las instituciones municipales, con sistemas de planificación, tesorería, presupuesto y participación ciudadana que garanticen eficiencia y resultados visibles.
Y, por supuesto, urge fortalecer los mecanismos de control interno y transparencia, porque más recursos implican también mayor responsabilidad, y para ejercerla se necesitan herramientas y personal técnico calificado.
El centralismo histórico ha debilitado a los ayuntamientos, pero no podemos seguir justificando esa práctica en la inercia. Una ciudad ordenada, limpia y con servicios básicos eficientes reduce gastos al Estado en salud, en seguridad y en asistencia social.
Invertir en lo local no es un lujo; es la forma más inteligente y rentable de invertir. Por eso, desde la sociedad civil, las juntas de vecinos, los gremios y las organizaciones municipalistas, debemos alzar la voz. No se trata de pedir favores, sino de reclamar derechos consagrados en la ley.
El 2026 debe ser el año en que el país entienda que sin municipios fuertes no habrá República Dominicana desarrollada.
El momento es ahora. La formulación del presupuesto está en marcha. Si dejamos pasar esta oportunidad, volveremos a ver a nuestros cabildos ahogados en deudas, limitados en obras y atrasados en modernización.
Y no es justo. La gente de cada barrio y comunidad merece gobiernos locales con los recursos suficientes para dar respuestas y construir futuro.
Si queremos municipios capaces de planificar, ejecutar y rendir cuentas con transparencia, entonces el Estado debe darles las condiciones mínimas para lograrlo.
No se puede exigir modernidad con presupuestos de subsistencia. Llegó la hora de que la promesa de un país descentralizado se cumpla en los números, no sólo en los discursos.
