Hace dos semanas publiqué un artículo en el cual critiqué la confesión del procurador general adjunto que funge como director de persecución de la Procuraduría General de la República, licenciado Wilson Camacho, en el sentido de que desde esa institución usa la amenaza de la prisión preventiva para presionar a investigados para que colaboren con el órgano persecutor.
Esto es censurable, no por la acción de confesar lo obvio, sino porque es ilícito, y peligroso, que desde el Estado se viole la Constitución de la República para forzar a acuerdos.
Pero la declaración del procurador adjunto tenía un segundo aspecto, que por razones de espacio sólo mencioné. Y es que dejó en evidencia que desde el Ministerio Público se entiende que el papel de los jueces es acomodarles las cosas en lugar de salvaguardar el debido proceso y el principio de legalidad.
Esto no sorprende, puesto que cada vez que aparece un juez que no le otorga lo que busca, desde el Ministerio Público se imputa al juez ser tolerante con el delito.
Pero lo grave es que parece ser una posición institucional, y esto se deduce de las afirmaciones que hiciera el mismo Camacho a mediados de julio en un panel con otros actores del sistema en el Listín Diario.
Allí acusó a los jueces de ser responsables de las extinciones en procesos penales porque incurren en mala “gestión de audiencia”. Es decir, que son los jueces los responsables de las decisiones del Ministerio Público que ponen a correr los plazos precozmente.
Convencido de que no es responsable de sus propios hechos, el Ministerio Público presiona públicamente a los jueces para que renuncien a su función y se conviertan en simples colaboradores de la persecución penal. Esto combina dos fuerzas poderosas: la incapacidad de aceptar la responsabilidad por los errores cometidos, y la voluntad de torcer el sistema de justicia hasta que pierda su esencia con tal de no asumirlos.
Todo lo anterior es incompatible tanto con un estado de derecho como con una democracia constitucional. Para que haya justicia independiente es necesario que los jueces se sepan libres de cualquier posibilidad de represalia o presión por parte del Ministerio Público. En nuestro caso, todos podemos ver lo contrario, porque se hace abiertamente. Y esas son sólo las presiones que sabemos.
