Juristas expresan preocupación por uso de redes sociales para difamar a funcionarios

SANTO DOMINGO.- En los últimos años, varias personas y algunos seudo comunicadores han utilizado las redes sociales para difamar a funcionarios públicos, empresarios y otras figuras reconocidas sin pruebas, en violación a las leyes y la Constitución de la República Dominicana.

Frente a esta situación, abogados han manifestado su preocupación por el mal uso de las plataformas digitales, que están siendo empleadas para dañar la reputación de personalidades públicas.

El abogado Emmanuel Pimentel expresó su inquietud ante el uso de las redes sociales por parte de personas y supuestos comunicadores para difamar, calumniar y extorsionar a funcionarios, empresarios y figuras públicas, sin presentar pruebas ni respetar la verdad, el debido proceso o el impacto humano de sus declaraciones.

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Agregó que las redes sociales, concebidas como herramientas de comunicación, participación y libertad de expresión responsable, se están convirtiendo, en manos de algunos, en instrumentos de violencia moral, destrucción de la reputación y chantaje mediático.

“Lo más grave es que estos ataques no solo afectan al funcionario o figura pública señalada, sino también a sus familias, hijos, entorno y al clima de convivencia de toda la sociedad”, puntualizó el jurista.

Por su parte, el abogado Jaime Terrero advirtió que personas sin la debida preparación están utilizando plataformas digitales y canales de YouTube para emitir comentarios y opiniones sin objetividad, con la finalidad de dañar reputaciones y obtener beneficios mediante extorsión.

Según Terrero, estos comunicadores recurren a medios digitales debido a que los tradicionales no les brindan espacio, al no contar con formación académica ni un léxico adecuado. Aun así, dijo, utilizan estos canales para atacar a empresarios, médicos, abogados, funcionarios y otros ciudadanos, con el objetivo de conseguir “likes y views”.

“Nuestra legislación, a través de la Ley 61-32 sobre libertad de expresión, contempla como delitos penales la difamación y la injuria (artículos 367 al 371). Además, existe la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sanciona a quienes usan estas plataformas para causar daño”, indicó el abogado.

Terrero enfatizó que, aunque existen contenidos informativos en estas plataformas, son los menos; la mayoría busca dañar y obtener beneficios mediante extorsión.

El abogado Carlos Salcedo afirmó que toda persona que sea difamada o injuriada tiene derecho, según la Constitución, al honor, la intimidad y la dignidad. Señaló que quien incurra en expresiones falsas debe enfrentar consecuencias legales mediante demandas por daños y perjuicios.

Explicó que un funcionario, ministro o persona del Estado afectada debe acudir a los tribunales para ejercer su derecho y reclamar responsabilidades tanto civiles como penales.

Leyes y sentencias TC ante difamación e injuria en redes sociales

Los comentarios difamatorios e injuriosos en redes sociales han llevado a que personas afectadas presenten denuncias y querellas contra los responsables, bajo cargos de difamación, injuria y violación a la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Aunque la Constitución Dominicana, en su artículo 49, consagra la libertad de expresión e información, también establece límites. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 0437/16, subraya que este derecho no debe ejercerse con expresiones obscenas, injuriosas o infundadas.

Asimismo, se aclara que la libertad de expresión se aplica al internet del mismo modo que a otros medios (TC/0437/16). Sin embargo, las sanciones penales por difamación contra funcionarios públicos pueden constituir una restricción al núcleo esencial de ese derecho (TC/0075/16), y las penas de prisión resultan innecesarias y excesivas (TC/0092/19).

Casos recientes por difamación en redes sociales

Entre los casos más notorios se encuentra el proceso en la Octava Sala Penal del Distrito Nacional contra Claudia Pérez (La Tora), acusada de difamación e injuria contra el diputado Sergio Moya (Goris) a través de una plataforma digital, violando la Ley 53-07.

También el proceso contra el comunicador Ángel Martínez, en la Segunda Sala Penal de la misma jurisdicción, por difamar al mismo legislador por medio de redes sociales y en violación a la ley de delitos tecnológicos.

Además, se han presentado querellas de un periodista y otras personas contra Ángel Martínez, por supuestas injurias cometidas a través de múltiples plataformas digitales.