Nassef Perdomo Cordero, abogado.
SANTO DOMINGO.-Mientras que constitucionalistas como Nassef Perdomo y Cristóbal Rodríguez afirman que la Constitución faculta al Gobierno a imponer la obligatoriedad de vacunas cuando se trata de proteger la salud colectiva, otros juristas entienden lo contrario y agregan que las empresas no deben condicionar a sus empleados.
José Pérez Volquez, José Ricardo Taveras, Jorge Contreras y Emmanuel Pimentel evocan el artículo 42 de la Constitución de la República, que indica que nadie puede ser sometido sin su consentimiento previo a procedimientos médicos, aunque ese mismo artículo indica que “excepto cuando se encuentra en peligro de muerte”.
José Pérez Volquez
El jurista Cristóbal Rodríguez afirma que “el gobierno no solo puede disponer la obligatoriedad de la vacuna en el caso del Covid-19. Está facultado además para tomar una serie de decisiones como las que ha venido adoptando”.
Sustenta su planteamiento en el artículo 61 de la Constitución, que establece que “toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia: 1) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, (…) así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades…”.
Los profesionales de la toga contrarios a la obligatoriedad de la vacunación indicaron que ni la Constitución de la República, la ley de Salud ni ninguna otra norma establece la obligatoriedad de vacunarse.
Sin embargo, Rodríguez alega que la Ley General de Salud indica que “si bien reconoce como un derecho el de “decidir, previa información” la aceptación o rechazo de asumir un determinado tratamiento”, establece como excepción “los casos que representen riesgos para la salud pública” (art. 28).
El jurista Pérez Volquez dijo que lo correcto es que las personas se vacunen, pero en un Estado derecho no se puede obligar a una persona a hacerlo.
Asimismo, el abogado José Ricardo Taveras manifestó que ni las empresas pueden obligarlo a su empleado, ni sancionar por no vacunarse, porque la compañía podría exponerse a ser sancionada por daños y perjuicios.
Sobre ese aspecto, Nassef Perdomo señala que “desde el punto de vista constitucional no se violan los derechos de un trabajador si es despedido porque su decisión definitiva de no vacunarse pone en peligro la salud del resto de los empleados”.
El jurista Jorge Contreras señaló que ni el Estado ni las empresas pueden obligar a las personas a vacunarse, y que los empleadores no podrán cancelar a estos que rehusan ponérsela, por entender que es inconstitucional.
El abogado Pimentel señaló que el Estado no puede imponer la obligatoriedad de la vacuna, pero sí buscar una salida a la situación para que los ciudadanos que deseen vacunarse puedan hacerlo.
Ya varias empresas están empezando a reclamar a sus empleados que se vacunen como forma de evitar que contagien a otros o se contagien ellos.
Boletín salud
—1— Inoculación
Los mayores de 18 años no acuden a los puestos a vacunarse, que desde mayo pueden ponérsela.
—2— Vacunación
Un total de 1.201.200 personas recibieron las 2 dosis, y 3.424.187 tienen la primera.
—3— Infectados
El Coronavirus ha dejado un total de 297,119 infectados y 3,642 fallecidos en el país.
