Los especialistas en Derecho Olivo Rodríguez Huertas, Cristóbal Rodríguez; Servio Tulio Castaños Guzmán y Georges Santoni Recio coinciden en que el fallo del magistrado Máximo Matos, que dispone a la ADP en Barahona el pago de 50 mil pesos por cada día sin impartir docencia se fundamenta en preservar el derecho fundamental a la educación.

Consultados por Educa (Acción Empresarial por la Educación), Rodríguez Huertas consideró que la decisión constituye un precedente histórico de tutela al derecho fundamental a la educación, mientras Cristóbal Rodríguez profundizó en su reflexión fundamentando que la paralización de la docencia como mecanismo de reivindicación de las expectativas salariales de los docentes no es compatible con la Constitución. Para Rodríguez Huertas la decisión constituye un precedente histórico de tutela al derecho a la educación.